Las agrupaciones integran la Campaña internacional “Desmantelemos el Poder Corporativo y Pongamos fin a la Impunidad”, lanzada en junio del año pasado durante la Cumbre de los Pueblos de Río de Janeiro, Brasil, paralela a la Conferencia de ONU sobre Desarrollo Sustentable realizada en esa misma ciudad. Ya en aquel entonces la campaña tenía el apoyo de más de cien organizaciones y movimientos sociales de diversas partes del mundo.

Algunos de los grupos que hacen parte son, por ejemplo, el Transnational Institute (TNI), Corporate Europe Observatory, Focus on the Global South, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, Amigos de la Tierra Internacional, ATTAC Francia, Ecologistas en Acción, Polaris Institute y Biowatch.

La campaña lanzó ayer un comunicado de prensa en el que la activista Lyda Forero, del TNI, expresó: “Hoy en Bali, mientras los gobiernos se reúnen en la Ministerial de la OMC, cientos de activistas de todo el mundo han salido a las calles para denunciar el sistema del libre comercio que facilita las ganancias de las transnacionales mientras erosiona las leyes que protejan los derechos humanos y el medio ambiente de los abusos corporativos”. “Los pueblos han mostrado que hay alternativas reales, y expresado la necesidad de reglas vinculantes en lugar de más tratados de comercio y la complicidad de los gobiernos e instituciones con las transnacionales”, agregó Forero

Para las diversas agrupaciones sociales de la campaña, las corporaciones también lograron capturar el Foro de Derechos Humanos y Empresas de la ONU, que empezó el lunes y termina este miércoles en Ginebra. Denuncian que diversas corporaciones transnacionales, como las mineras Vale, Rio Tinto y Barrick Gold Corporation, entre otras, no sólo participan activamente en el Foro, sino que además trabajan con la ONU para mantener directrices voluntarias basadas en la Responsabilidad Social Corporativa.

“Se trata de códigos no vinculantes, sin mecanismos de aplicación y se basan en los informes de las mismas transnacionales sobre su actuación supuestamente responsable, mientras que los abusos y crímenes corporativos ocurren de manera sistemática como hemos visto en las tragedias de Rana Plaza (Bangladesh) y Marikana (Sudáfrica)”, dijo el activista Juan Hernández, del Instituto Hegoa, del País Vasco. “La Responsabilidad Social Corporativa y los códigos voluntarios han permitido a las corporaciones operar con impunidad. Durante décadas, el lobby de las corporaciones sobre las instituciones del sistema de derechos humanos ha bloqueado continuamente las iniciativas para establecer un Tratado con normas vinculantes y una Corte Internacional para juzgar los crímenes de las transnacionales. Los abusos sufridos por las víctimas en todo el planeta reafirman la urgencia de un Tratado y una Corte Internacional”, agregó.

A comienzos de 2011 el secretario general de ONU, Ban Ki-moon, lanzó en Davos, Suiza, el Global Compact LEAD, una plataforma de numerosísimas empresas que afirman ser líderes en la aplicación a sus prácticas de estrictos criterios de sustentabilidad social y ambiental. Las compañías participantes forman parte también del Pacto Mundial de ONU, iniciativa voluntaria en la que las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción.

Algunas de las corporaciones que estuvieron desde el nacimiento del Global Compact LEAD son Nestlé, Coca Cola, Siemens, Shell, Total, Unilever, Endesa y BBVA. Varias de ellas han enfrentado graves acusaciones, e inclusive juicios legales, por violaciones a los derechos humanos y contaminación en diversas partes del mundo.

Para responder a la creciente captura corporativa, los movimientos, organizaciones y redes sociales de la Campaña “Desmantelemos el Poder Corporativo y Pongamos fin a la Impunidad” están construyendo un Tratado Internacional de los Pueblos, que “afirma una visión alternativa de Derecho y Justicia”, según asegura el parte de prensa del martes. De acuerdo a esa visión alternativa, “son los pueblos los sujetos políticos protagónicos, de quienes se origina la ley y las normas para un sistema político, económico y jurídico que acabe con la situación actual de privilegios extraordinarios e impunidad de las corporaciones transnacionales”.

El representante del Polaris Institute de Canadá, Richard Girard, afirmó: “continuaremos movilizándonos hasta que estas normas vinculantes sean establecidas y que las comunidades y personas afectadas por crímenes corporativos sean compensadas”.