Hace pocos días decidió visitar su antiguo sitio de trabajo, a pesar de las amenazas y por el desespero de no encontrar salidas para un retorno a la zona donde siempre han vivido. Su idea de fondo era evaluar las posibilidades de retorno seguro que tenía el grupo de afectados y afectadas.

Pero el martes por la tarde, en la playa conocida como Sardinas, jurisdicción del municipio de Ituango, se escucharon cuatro tiros. Nelson Giraldo Posada había sido brutalmente asesinado. Fue encontrado en la orilla del río Cauca que tanto defendió, degollado y con impactos de bala en el pecho y piernas. Dejó una familia: su esposa y dos hijos siguen en el Coliseo de la Universidad de Antioquia, donde han habido graves dificultades de salud y de alimentación.

La noticia y el contexto aportado arriba fueron citados en un comunicado de prensa emitido ayer por el Movimiento Ríos Vivos de Colombia, que trabaja contra las represas, en defensa de los territorios y los afectados.

Según cuenta el parte de prensa, el 9 de septiembre la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín falló a favor de los afectados por Hidroituango agrupados en el Movimiento Ríos Vivos, y ordenó que en 6 días se resolvieran sus peticiones de medidas de protección colectivas solicitadas por las amenazas a la vida e integridad física en su contra, que han denunciado en reiteradas ocasiones.

“Exigimos que se investigue y judicialice a los responsables materiales e intelectuales de este asesinato” y que “se establezcan las medidas de protección colectivas a todos y cada uno de los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia afectados por Hidroituango”, sentencia el comunicado de ayer.

Hidroituango, propiedad de Empresas Públicas de Medellín (EPM), tendrá según la información de su propia web una presa de 225 metros de altura, ubicada sobre el río Cauca (de los más importantes del país), e inundará 3.800 hectáreas de terreno, con un embalse de cerca de 80 kilómetros. El área de influencia indirecta incluye los municipios de Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Valdivia, Briceño, Yarumal, en el norte de Antioquia, y Peque, Buriticá, Sabanalarga, Liborina, Olaya y Santa Fe de Antioquia, en el occidente del departamento.

Desde hace seis meses hay alrededor de 400 personas desplazadas en el Coliseo de la Universidad de Antioquia, provenientes de los diversos municipios afectados.

“El Movimiento Ríos Vivos está de luto. Perdimos a un gran líder del municipio de Ituango”, dijo a Radio Mundo Real Isabel Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos en Antioquia.

“Hemos dicho que no es un temor infundado, que las amenazas no las estamos inventando, hemos realizado las denuncias pertinentes y el Estado no nos ha escuchado”, agregó.

La dirigente explicó que no es el Movimiento Ríos Vivos el que debe ponerse a investigar el asesinato y las amenazas que sufren, porque las vidas de sus integrantes están bajo riesgo. Sin embargo, relató que la Unidad Nacional de Protección del Ministerior del Interior y el gobierno de Antioquia no han asumido la responsabilidad de velar por la vida e integridad física de las personas que se oponen a Hidroituango.

“Le estamos diciendo al Estado y a la Fiscalía General de la Nación que es su responsabilidad, y exigimos que se encuentre lo más pronto posible a los autores materiales e intelectuales de este asesinato, como a los autores de las amenazas de los demás líderes que estamos amenazados”, fustigó Zuleta.

Foto: documentalamarillo.blogspot.com