La decisión definitiva sobre la libertad de Berta será conocida recién este viernes 20 de setiembre.

Para el COPINH, la audiencia de dos días dejó claro que el sistema judicial actúa de modo servil hacia la empresa, comprometida con la construcción de la represa sobre el Río Blanco “con sus acusaciones vacías y manipuladoras, son la postura del poder económico que busca criminalizar la causa histórica del COPINH y del Pueblo Lenca.
Quedó clara su demostración de racismo y desprecio al Pueblo Lenca, en un alegato lleno de mentiras, contradicciones y hasta ridículo. Quedó también más que evidenciada la agresión, el intervencionismo, y el abuso, de parte de la institucionalidad del Estado contra el Pueblo Lenca en general”. Así lo expresa la organización en un comunicado.

Para Aureliano Molina y Tomas Gómez, el pedido de la parte fiscal fue también de procesamiento, aunque con medidas sustitutivas que consistirían en la prohibición de hacer presencia en el supuesto “lugar de los hechos”, presentarse al juzgado a firmar cada 15 días, y que el abogado defensor sea responsable de la actuación de ambos comunicadores del COPINH.

El "caso" contra Berta, Tomás y Aureliano se inició en mayo pasado, cuando los dos primeros fueron detenidos por efectivos militares camino a Río Blanco donde se dirigían para solidarizarse con el bloqueo que realiza la comunidad rechazando la construcción del proyecto Aguazarca. En ese momento les fue "plantada" un arma en el vehículo y se inicia las acusaciones penales en su contra. Ahora la empresa constructora y la entidad encargada de distribución de energía acusan al COPINH de usurpación y les responsabilizan por pérdidas millonarias.

“El pueblo Lenca no necesita de abogados”, señaló durante la audiencia precisamente el jurista defensor de los miembros del COPINH, Víctor Fernández, según él mismo narró frente a centenares de habitantes de diversas comunidades y miembros de decenas de organizaciones que se nuclearon en torno a la sede judicial de la ciudad de Intibucá.

El testimonio, registrado por el comunicador Girogio Tucci del portal Adital, señala asimismo que buscar criminalizar a los miembros del COPINH por “inducir” a la resistencia de la población lenca de Río Blanco a la construcción de la presa, es un irrespeto a la autodeterminación de la comunidad que tiene sus bases en un desprecio racial a la cultura indígena.

“Hemos rechazado que el pueblo Lenca sea usurpador, que en todo caso usurpadores son los que llegan de afuera a aprovecharse de su riqueza”, señaló Víctor Fernández quien reconoció la “solidaridad militante” tanto dentro como fuera de Honduras por la causa del COPINH y de la comunidad amenazada que mantiene su bloqueo a las obras en defensa de su supervivencia.

Este viernes 20, una nueva convocatoria internacional se realizará para rechazar la posibilidad de encarcelamiento de Berta Cáceres.