En materia de la impunidad con que cuentan las formaciones de sicariato y paramilitares a la hora de cobrarse vidas de inocentes puede establecerse un puente de continuidad entre el régimen de los generales Efraín Ríos Montt en la década de los 80 y de Otto Pérez Molina hoy en Guatemala, donde el hecho de que este último haya pasado por una elección resulta apenas un dato accesorio.

Así lo demuestra la historia guatemalteca de los tres últimos años, que este pasado fin de semana sumó un capítulo que en otras circunstancias podría considerarse límite, aunque la realidad de ese país centroamericano parece haber olvidado esas fronteras hace tiempo.

Los hechos

David Eduardo Pacay Maas y Hageo Isaac Guitz, dos niños maya q’eqchies de 11 y 13 años respectivamente, de la comunidad Monte Olivo, en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz murieron por heridas de bala provocadas por un sicario que, “contratado” por la empresa Hidro Santa Rita SA, se disponía a eliminar a uno de los líderes comunitarios que ha encabezado la resistencia a dicho proyecto, David Chen.

David murió en el acto el viernes 23 de agosto, mientras que Hageo no logró superar la gravedad de las heridas infligidas, falleciendo en el hospital el día 26 del mismo mes.

Así lo relató en diálogo con Radio Mundo Real en momentos en que se encontraba de regreso de la comunidad Monte Olivo transportando los cuerpos de ambas víctimas, Carmelina Chocooj, maya q’eqchi e integrante de la delegación solidaria con las familias víctimas.

Como puede verse en el portafolio de imágenes que acompaña esta nota, este miércoles 28 la comunidad entera, en especial las niñas y niños, acompañaron el cortejo de ambas víctimas, inmersos en gran consternación.

Hidro Santa Rita SA cuenta con un largo prontuario de crímenes e ilegalidades, que incluyen a fuerzas parapoliciales, funcionarios estatales y organizaciones no gubernamentales funcionales a la empresa.

Su construcción que implica la destrucción del río “Dolores” y la cuenca baja del Río Chixoy, amenaza a 23 comunidades maya-parlantes, que son unas 10 mil familias completando aproximadamente unas 200 mil personas, relató Carmelina en enlace telefónico con Radio Mundo Real.

Desde 2010, las comunidades han manifestado y documentado su rechazo al proyecto amparándose a regulación internacional sobre la consulta previa, libre e informada para este tipo de megaproyectos.

La empresa, amparada por el gobierno guatemalteco y el sistema judicial, ha seguido adelante, según señala un documento de relato histórico del proyecto elaborado por las organizaciones que respaldan el proceso de resistencia.

Encuentro REDLAR y nuevas detenciones

El asesinato de estos dos niños, sobre el cual aún no existe ni una persona detenida, se da en momentos en que dos miembros de la comunidad de Santa Cruz Barillas (también en resistencia contra la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz) y que cumplieran nueve meses de prisión el pasado año sin que pudiese probarse su culpabilidad, fueron detenidos y trasladados a la prisión de Santa Eulalia, en Huehuetenango.

Se trata de Antonio Rogelio Velásquez y Saúl Aurelio Méndez, cuya vida y libertad corren serios riesgos a estas horas. Significativamente, en octubre próximo está prevista la realización en la zona del Petén del Encuentro Internacional de la Red Latinoamericana en Defensa de los Ríos y contra Represas (REDLAR).

Carmelina Chocooj relató cómo y por qué ocurrieron estos hechos, sin un horizonte de justicia a la vista, lo cual puede escucharse en audio adjunto.

Fotos: www.cuc.org.gt