Las irregularidades de este proceso han sido tantas que las organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos no dudan en considerar todo el proceso como una farsa, un montaje desarrollado como intento de imponer una interpretación “oficial” sobre la masacre que fue tomada como justificativo para perpetrar el golpe de Estado el 22 de junio de 2012, que destituyó a Fernando Lugo de la presidencia del país.

“La fiscalía armó toda la acusación, la historia y la narración de los hechos a partir de la investigación de las muertes de los policías, no investiga las muertes de los campesinos; tiene una visión absolutamente parcial de los hechos, y no admite otra tesis posible. Generó una conclusión previa a la investigación”, denuncia Perla Alvarez, integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) y Articulación Curuguaty esta semana en entrevista con Radio Mundo Real.

Perla agrega que tampoco se investigaron las denuncias de torturas, ejecuciones arbitrarias, de tratamiento inhumano al momento de las aprehensiones, entre otras varias denuncias realizadas por los abogados defensores de los campesinos y campesinas. La defensa planteó a la jueza actuante Rosa Janine Ríos, 11 incidentes de nulidad del proceso jurídico que se está llevando a cabo. Se trata de irregularidades diversas que finalmente no fueron tomadas en cuenta por la jueza. Como ejemplo, Perla menciona que “las actas de imputación no mencionan los hechos de los que se acusa a los compañeros, simplemente están sus nombres”.

Entre los hechos importantes por los que la defensa considera que el proceso judicial es nulo, específicamente en relación con la acusación de “invasión de inmueble”, se denuncia un caso de prejudicialidad: “Mientras no se defina la titularidad de las tierras [de Marina Cué], Campos Morombí [la empresa supuestamente afectada por dicha invasión] no tiene el derecho de pedir el desalojo de una propiedad, cuya titularidad no le pertenece”, informa Perla.

A todo esto, la jueza Janine Ríos ha demostrado una actitud parcial en la presente audiencia, admitiendo por ejemplo, la incorporación de pruebas del fiscal Rachid a la causa em forma extemporánea. Estas mismas pruebas han sido objeto de fuertes críticas: Una botella de caña, cortauñas, 5 honditas de goma, un rollo de papel higiénico, balas sin percutir o casquillos de proyectiles son algunas de las “evidencias” presentadas por el fiscal del plan homicida de los campesinos y campesinas acusadas. Guillermo Ferreiro, uno de los abogados defensores calificó todo este proceso relacionado a las pruebas de “bochorno absoluto”.

Para la entrevistada es claro que todo este proceso pone de manifiesto que “se necesita de forma acelerada condenar a los compañeros y a las compañeras, porque de lo contrario toda la historia del golpe de Estado se derrumba, porque fue la base que fundamentó el juicio político y posterior destitución del presidente Lugo”.

Por otra parte, la persecución del sistema judicial tanto a los campesinos y campesinas imputadas como a los que fueron considerados prófugos, los está condenando a una situación de vulnerabilidad socioeconómica y también de salud. La integrante de CONAMURI señala también la existencia de 4 comunidades afectadas por la masacre de Curuguaty: “familiares de las víctimas caídas en la ocupación son afectadas directa o indirectamente por la masacre. Fundamentalmente el efecto es de carácter sicológico, sico-social, comunitario; hay desmembramientos familiares, inseguridad por la infiltración que parte del propio gobierno o de los poderes locales en disputa por el territorio, estamos hablando de narcotráfico, ganaderos, sojeros, fuerzas políticas de los partidos tradicionales en la zona”.

La audiencia aún no finalizó, y en el día de hoy (jueves, 1º de agosto) la defensa solicitó la recusación de la jueza Janine Ríos por “parcialidad manifiesta”.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.

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Conamuri
Qué Pasó en Curuguaty

Foto: radiotvnuevoparaguay.com