El encuentro tuvo la fuerte convocatoria del gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los otros convocantes son la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD), la fundación alemana Friedrich Ebert, el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales (ILDIS), Jubileo 2000 Red Ecuador y la Alianza Social Continental.

Según la invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, “el encuentro se realiza con el propósito de fomentar el diálogo y la discusión entre las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos sobre el tema de los tratados bilaterales de inversión”. Se hace con la “perspectiva de identificar acciones comunes que se desprenden de la necesidad impostergable de enfrentar a los intereses de las empresas transnacionales, los cuales han logrado vulnerar principios elementales del derecho internacional con los que deberían gobernarse los arbitrajes internacionales”.

Entre los participantes y oradores de las diversas mesas de trabajo y conferencias, hay especialistas de organizaciones y movimientos sociales, y de gobiernos, de numerosos países de América Latina.

Los convocantes definieron cuatro objetivos fundamentales para el taller. El primero se propone realizar un mapeo actualizado de los países afectados por denuncias y demandas internacionales en tribunales de arbitraje internacionales, y un inventario de las principales campañas continentales que se han venido llevando a cabo sobre la temática.

Ahí se destacan las campañas contra los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBI) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI, órgano del Banco Mundial de resolución de controversias), o la campaña por un modelo alternativo de inversiones. “El objetivo es establecer una estrategia única de lucha contra la impunidad de las transnacionales”, expresa un documento divulgado por los convocantes.

El segundo objetivo fundamental pretende la definición de mecanismos y ámbitos de colaboración desde los movimientos sociales con los gobiernos que han establecido acciones para modificar el régimen actual de protección de inversiones y el sistema de resolución de controversias.

El tercero apunta también a la resolución de mecanismos y ámbitos de colaboración en el proceso de creación del Observatorio Internacional de monitoreo de casos inversionista – Estado.

Finalmente los convocantes buscan definir mecanismos y ámbitos de colaboración con el gobierno de Ecuador, para apoyar el proceso de auditoría ciudadana de los tratados de inversión que ese gobierno ha promovido.

Foto: es.justinvestment.org