El documento critica además la estrategia del gobierno uruguayo en el caso que mantiene contra la tabacalera estadounidense Philip Morris ante ese órgano de resolución de controversias.

El 3 de julio se informó que el CIADI decidió que tiene jurisdicción para atender el reclamo de Philip Morris ante Uruguay.

El primer gobierno del Frente Amplio en ese país (2005-2009), encabezado por el oncólogo Tabaré Vázquez, implementó varias políticas de salud destinadas a bajar el consumo de tabaco. Entre esas medidas se destacaron la prohibición a las empresas tabacaleras de vender distintas presentaciones de una misma marca de cigarrillos, y la obligación de que las advertencias sobre el riesgo de fumar ocuparan el 80 por ciento de las dos caras principales de las cajas de cigarros.

Philip Morris argumentó que esas políticas del gobierno uruguayo lesionaron sus intereses y vulneraron sus derechos de propiedad intelectual. Según su punto de vista, se expropió indirectamente su inversión sin el pago de una compensación, y por eso presentó en marzo de 2010 una demanda contra el Estado uruguayo ante el CIADI, basándose en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) firmado entre Uruguay y Suiza, donde la transnacional tiene su base de operaciones.

La resolución del CIADI ahora “constituye claramente una derrota para Uruguay, una amenaza para la salud de nuestra población y un gran triunfo de la transnacional”, estima REDES – AT en su pronunciamiento político de este miércoles.

El CIADI hizo caso omiso del TBI entre Suiza y Uruguay, entre otras cosas porque el acuerdo estipula inequívocamente en su artículo 2 que las medidas de salud pública no podrán ser impugnadas por los inversionistas como una expropiación indirecta de sus inversiones.

De acuerdo a REDES – AT, el gobierno uruguayo, que apeló al estudio de abogados estadounidense Foley&Hoag, confió “indebidamente” en la imparcialidad de un tribunal de arbitraje administrado por el Banco Mundial, al tiempo que desoyó las críticas al CIADI de la sociedad civil de diversas partes del mundo y de otros gobiernos progresistas de la región, como el de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Esos gobiernos decidieron en los últimos años no someterse a los tribunales de arbitraje del CIADI.

Silencio y otros rumbos posibles

La organización ecologista uruguaya critica especialmente la “estrategia de silencio” del gobierno nacional. “Consideramos que la estrategia oficial de ocultamiento de información sobre el caso fue quizás uno de los elementos determinantes de esta derrota”. REDES – AT solicitó varias veces y de manera formal información del caso de forma infructuosa. “De haber contado con esa información podríamos haber orquestado una campaña internacional de apoyo de la sociedad civil, y presentado por ejemplo un escrito como ’amigos de la corte’” (Amicus Curiae).

El documento difundido hoy subraya también que el gobierno uruguayo no aprovechó la enorme simpatía de la opinión pública mundial y de muchos gobiernos con la legislación del país contra el tabaquismo y la defensa de sus normas soberanas. Tampoco aprovechó, agrega, la solidaridad y respaldo explícito que mostraron los gobiernos del mundo en la III Conferencia de la Partes (COP) del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS), celebrada en Punta del Este, Uruguay, en noviembre de 2010, poco después que Philip Morris entablara su demanda contra el Estado.

Asimismo, la delegación uruguaya ante la IV COP del CMCT, de noviembre de 2012 en Seúl, Corea del Sur, también optó por “no hacer ruido”. “En ese momento se debió claramente apostar a una estrategia de requerimiento de la solidaridad y respaldo internacional explícito de otros países afectados y del CMCT en su conjunto frente a la demanda de Philip Morris”, considera REDES - AT.

La organización social agrega que tiene razón el vocero del gobierno de Uruguay, el Prosecretario de la Presidencia, Dr. Diego Cánepa, cuando dice que “los técnicos (en este caso del estudio Foley&Hoag) no quieren perderse un caso testigo como éste”, como se cita en la agencia EFE. REDES – AT explica: “Todos esos buffets de abogados viven y lucran de esta nueva industria que representan las demandas de inversionistas y transnacionales contra Estados, en las que claramente son parte interesada y factor clave de su proliferación. Los ’técnicos’ se desempeñan indistintamente a veces como abogados acusadores representantes de los inversionistas y empresas transnacionales, otras veces como abogados de la defensa de los gobiernos demandados, y en otras oportunidades como árbitros de los tribunales”.

En tanto, Philip Morris viene de perder juicios similares frente a Australia y Noruega en los tribunales nacionales de esos países. Pero con la actual decisión del CIADI expresa que se abren las puertas para que ese tribunal revise e impugne las políticas de control del tabaquismo tomadas bajo la administración de Vázquez.

REDES – AT llama al gobierno uruguayo a retomar el curso inicial que se había planteado el equipo interministerial de buscar el apoyo de campañas internacionales de la sociedad civil. “Tiene también que buscar alianzas con los gobiernos latinoamericanos que empiezan a cuestionar la legitimidad de los tribunales de arbitraje para dirimir controversias en las que están en juego políticas de salud y otras de interés público, adoptadas democrática y soberanamente”.

“Asimismo, Uruguay debe ahora como mínimo emprender un camino de revisión de sus TBI, empezando por el suscrito con Suiza, tal y como lo reclamamos conjuntamente REDES - AT de Uruguay y Alliance Sud, la coalición más importante de ONG suizas, que abogan por el desarrollo y los derechos de los pueblos del Sur global”, dice la declaración de hoy. “El propósito mínimo debe ser el de excluir el arbitraje internacional como mecanismo de solución de diferencias y el concepto de ’expropiación indirecta’ en el que se ha basado Philip Morris”, apunta al final.

Ver declaración completa de REDES – AT adjunta.

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