El 2 de marzo empezó un afloramiento de petróleo a 200 metros del pozo 158, que queda entre los municipios de San Vicente y Barracabermeja, y hace parte de un complejo llamado campo Lizama, en el departamento de Santander (Colombia). Esta región lleva un siglo de explotación petrolera. Hay 50 pozos, a cargo de Ecopetrol, una empresa que, a falta de institucionalidad en la zona -estigmatizada por las consecuencias del conflicto armado-, opera como empleadora y referente social para gran parte de sus habitantes.

El afloramiento derivó en derrame de petróleo a boca de pozo, mezclándose con agua, gas, lodo y petróleo, que comenzó a detectarse hacia el 12 de marzo, mientras la empresa pedía ayuda a la comunidad. Desde Ecopetrol decían que era una “emergencia menor, pero las presiones del pozo subían”, recuerda Claudia Ortiz, defensora que integra Mujeres del Común y Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucuri, Ríos Vivos Colombia, quien participó de la misión que organizaciones de derechos humanos realizaron la zona entre el 26 y 30 de abril.

El informe “​Misión a Campo Lizama: fluye el petróleo, sangra la tierra​” se presentó el martes 17 de julio en Bogotá, junto a CENSAT Agua Viva-Amigos de la Tierra Colombia, Alianza Colombia libre de fracking, OILWATCH Latinoamérica y Fundación Heinrich Boll.

Afectaciones

A cuatro meses del afloramiento del petróleo en Lizama queda claro que la empresa petrolera no activó un plan de contingencia inmediato, como debe hacerse en estos casos. Incluso trajeron técnicos y maquinaria desde EEUU para sellar el pozo a fines de marzo, pero las afectaciones son múltiples, especialmente para quienes se dedican a la piscicultura, agricultura y ganadería, señala el informe.

Ortiz detalló a RMR que la mancha de petróleo se extendió a lo largo de 24 kilómetros, afectó el acuífero del Sogamoso y alcanzó Caño Muerto, nicho especial de reproducción utilizado por pescadores, como uno de los ejemplos más claros de la afectación de la zona hídrica en Santander. Por aquellos días se vivía la Semana Santa pero “nadie quería consumir ese pescado”, dijo Ortiz, ni tampoco se ha conseguido la debida reparación para las más de 80 familias afectadas.

La prensa ha tomado fundamentalmente lo que la empresa dice: que es que no ocultó información y que la tragedia no es para tanto. Pero las organizaciones señalan que se ha manipulado la información y se minimizó lo ocurrido. Por ejemplo, al principio la empresa informó que “25.000 barriles que se habían derramado en en el pozo, luego dijeron que eran 500”.

Además, “militarizaron la zona para impedir que la gente entrara a relevar lo que pasó”, denunció Ortiz. La defensora criticó que el ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, pidiera a Naciones Unidas que enviara una misión de expertos para analizar los daños de la catástrofe ambiental, quienes concluyeron que el lugar se recuperará “de manera natural” en 10 años. “Pareciera que quienes vivimos aquí no tenemos conocimientos técnicos sobre la zona, aunque la conocemos mucho mejor ”, agregó Ortiz.

La falta de acceso a información oficial ha sido uno de los principales obstáculos para saber qué ocurrió. Para acabar con este “hermetismo”, las defensoras han relevado lo ocurrido desde el territorio, a partir de información de las personas afectadas, con detalles relativos al impacto en las economías locales, al manejo de las juntas de acción comunal que -en cohesión con Ecopetrol- deciden a quién le consiguen o no empleo (resultando especialmente perjudicadas las mujeres), sumado a amenazas y hostigamientos que reciben defensoras/es en el lugar.