Hostigamiento, acciones de inteligecia, torturas y muerte a personas que defienden sus territorios, a quienes apoyan los acuerdos de paz, a quienes promueven la sustitución de cultivos ilícitos y lideran procesos de restitución de tierras, a excombatientes de las FARC y a sus familiares, a quienes denuncian circuitos de economías ilícitas y el accionar criminal de bandas que muestran que el paramilitarismo sigue vigente en gran parte del país.

Ésas son las víctimas, quienes dan cuerpo a los 118 asesinatos de defensores y líderes comunitarios que se produjeron en Colombia durante el primer semestre de 2018, aunque desde la firma de los Acuerdos de Paz (24 de noviembre de 2016) hasta el 14 de mayo de este año se registraron más de 420 casos, algunos de los cuales fueron denunciados como crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional.

A pesar de ese incremento en los crímenes políticos, el Presidente Juan Manuel Santos se niega a reconocer la sistematicidad en los casos, detalla el Informe especial de Derechos Humanos Situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las Farc-EP y sus familiares, producido por Indepaz, Cumbre Agraria y Marcha Patriótica en junio de este año, así como el informe “Defender la vida” sobre la situación de las personas que defienden los derechos humanos y el territorio, presentado el 5 de julio a la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, por parte del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar) y el Programa Somos Defensores, entre otras organizaciones.

Marcela Rodríguez, integrante de Cajar, defensora de derechos al norte del Cauca, señaló a RMR que las cifras de homicidios son impactantes pero que también existen “otros patrones de represión” que deben ser registrados y que, más allá del debate sobre si quienes son asesinados pueden denominarse líderes o lideresas comunitarios, “todas las masacres deben ser rechazadas”.

Rodríguez comparte que los crímenes se incrementaron “directamente tras la firma de los Acuerdos de Paz”, vinculados al rechazo que grupos paramilitares y partidos de derecha tienen hacia esos acuerdos, a la reorganización territorial y la disputa por el manejo de las economías ilegales, en especial del cultivo de coca -considerando que en Colombia hay unas 209 mil hectáreas en coca y que su erradicación ha fracasado, tanto mediante la aspersión de glifosato como con otras acciones represivas que fueron parte de la estrategia de la ’guerra contra las drogas’-.

La defensora consideró que la falta de respuesta de la clase política ante la masividad de asesinatos que puso en alerta a la región y al mundo demuestra que “los paramilitares y nuevas bandas están siendo autorizados a ejercer estas olas de violencia generalizadas y sistemáticas”, ya que “los partidos no rechazan públicamente este exterminio organizado”.

“Estamos exigiendo al Presidente electo Iván Duque y a su bancada que rechace explícitamente estos asesinatos, que se reconozca que son líderes sociales y que estamos atravesando una situación muy grave”, añadió.

Rodríguez consideró que el desafío es garantizar mecanismos de protección comunitarios para defensores, defensoras y sus comunidades, en vistas de que las fuerzas de seguridad suelen tener gran connivencia con bandas criminales a quienes les entregan información para facilitar la comisión de crímenes.

Por otra parte, valoró positivamente el velatón y la movilización social Por la Vida que se realizó el viernes 6 de julio en Colombia y en otros países como Francia y Argentina, que exigen justicia y el fin de las muertes bajo el hasthtag #NosEstánMatando.