La politóloga e integrante de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, Natalia Carrau, señaló a Radio Mundo Real las principales amenazas y demandas que transnacionales han hecho a Uruguay, sistematizadas y analizadas en el Informe “Culpable hasta que se demuestre lo contrario”: Amenazas y demandas de empresas transnacionales a las políticas públicas en Uruguay.

La publicación puede leerse en línea o descargarse en este link: https://www.redes.org.uy/wp-content/uploads/2018/04/Transnacionales-Corregido.pdf

El informe analiza de manera integral la forma en que las transnacionales operan contra los Estados, en este caso contra Uruguay, mediante la reiteración del tipo de instrumento y los argumentos utilizados para frenar avances de legislaciones nacionales tendientes a proteger derechos humanos y “en contra de sus derechos como inversionistas”.

“Hay tensión entre una mirada fuertemente productivista y el poder económico que tienen estas políticas de inversiones, que entran en colisión con políticas domésticas que buscan legislar en pos de un interés público. Y cuando ese choque se da, termina primando una política productivista”, señaló Carrau.

Una de las amenazas registradas es la que dieron la Cámara de productos alimenticios Argentina que comercia con importadores uruguayos, sumado a Nestlé y Pepsico, que se oponían a un decreto del departamento de Montevideo (capital del país) que obligaba a etiquetar alimentos que contienen ingredientes transgénicos. Entre los argumentos, que se registran en éste y otros casos similares que afectan el derecho a la salud y a una alimentación adecuada y el derecho de los consumidores, utilizados por las empresas, se ha esgrimido que estas medidas de etiquetado “inducen a la confusión del consumidor”, que “carece de argumentos científicos”, aunque las autoridades departamentales contaban con argumentos de académicos/as de la Universidad de la República, además de referencias de etiquetados de transgénicos a nivel mundial, además de recalcar la “ineptitud del Estado” para controlar estas medidas.

Otra estrategia que se repite es usar “comunicación agresiva, comprando pauta en medios de comunicación gráficos, radiales y televisivos para colocar e imponer su punto de vista en la opinión pública”, recordó Carrau.

Todos estos argumentos usados sistemáticamente para atacar las medidas del Estado que pretenden garantizar el ejercicio de los derechos humanos, configuran una “arquitectura de la impunidad” con la que las transnacionales se manejan para defender la liberalización de los mercados y priorizar el poder de las corporaciones por sobre la soberanía de los pueblos.

En varios casos, las demandas judiciales parecen ser la consecuencia “natural” en la que derivan las amenazas de las empresas a los Estados, aún cuando éstos actúan rápidamente para minimizar los conflictos. Esta “asimetría que rompe los ojos”, como dijo Carrau, multiplica los cuestionamientos: ¿Hasta dónde llega el poder de las empresas?, ¿Dónde está la transparencia y la rendición de cuentas de empresas?

A su vez estas preguntas adquieren mayor sentido en la coyuntura uruguaya donde se espera una resolución política por parte de la coalición de izquierda Frente Amplio, que gobierna el país, ante un TLC acordado con Chile que aguarda su aprobación o rechazo parlamentario para la implementación. Este TLC implica “remover estándares regulatorios, correr las fronteras de lucro”, sostuvo la entrevistada.

A esto se suman los rechazos que sigue cosechando, a nivel de organizaciones sociales y fuerzas de izquierda, el acuerdo comercial entre Mercosur-Unión Europea, con capítulos como el referido a propiedad intelectual donde, al entender de Carrau y REDES, no hay integración, inserción internacional, ni cooperación horizontal posible.