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21 de mayo de 2018 | Entrevistas | Financiarización de la naturaleza | Bosques y biodiversidad | Derechos humanos | Justicia climática y energía
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Claudia Ramos, integrante de Otros Mundos Chiapas-Amigos de la Tierra México, comentó a Radio Mundo Real los alcances de la Convención y qué lógicas están en disputa para llevar a cabo las Metas de Aichi.
Este 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica, acordado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) fue uno de los principales acuerdos alcanzados durante la Cumbre de la Tierra que tuvo lugar en Río de Janeiro (Brasil) en 1992, y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. El CDB establece tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios por el uso de recursos genéticos.
Hacia 2011, la ONU propuso "tomar medidas urgentes para atender la pérdida de la diversidad biológica, a fin de asegurar que, para el año 2020, los ecosistemas se restauren, los recursos biológicos se utilicen de manera sostenible, y se apliquen políticas efectivas y adecuadas para proteger la biodiversidad”, recordó la activista mexicana.
Entre los resultados visibles hasta la fecha, Naciones Unidas destaca que: “Se ha desarrollado una guía científica para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes en todo el mundo, han entrado en vigor las estrategias y planes de acción del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Tras la adopción del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 las Partes han avanzado significativamente en el logro de varias de sus Metas de Aichi”. Unas 20 metas “demasiado ambiciosas para los plazos que tiene”, opinó Ramos.
La Convención “trata temas muy delicados, que van desde conocimientos tradicionales asociados al uso y al manejo de la biodiversidad, hasta la regulación de organismos genéticamente modificados", indicó la integrante de AT México.
Esta defensora de territorios criticó que los procesos de toma de decisión para el diseño e implementación de las metas “intentan ser cooptados por los países que tienen agendas determinadas para obtener ciertos beneficios”. Para revertir esos procesos no participativos “cobra vital importancia el trabajo de organizaciones como Amigos de la Tierra y sus aliadas, que empujan para que estas discusiones no se queden en las esferas altas de discusión, sino que se tome en cuenta el papel y las voces de las comunidades”.
Un ejemplo de las disputas en torno a cómo trazar planes y leyes para proteger la biodiversidad se ha dado en México, donde “se impulsó una ley de biodiversidad que permite actividades extractivas en zonas de reserva o que vulnerabiliza los derechos de comunidades indígenas”, puntualizó Claudia Ramos: “Los mecanismos creados como propuesta para cuidar los derechos colectivos, se instrumentalizan en contextos de poca voluntad política, con cambios y reformas jurídicas cuestionables en materia de seguridad, en materia energética, en materia educativa; sumado a su aplicación en contextos de vulneración como las comunidades indígenas, que se verían aún más afectadas”.
Por eso advirtió: “Tenemos que tener mucho cuidado con las metas cortoplacistas de este tipo de acuerdos, con metas que no analizan las causas del cambio climático. Muchas soluciones tienen que ver con las mal llamadas ’energías renovables’, que causan efectos nocivos en los territorios y suponen el desplazamiento forzado de comunidades, así como la apuesta a falsas soluciones como la agricultura climáticamente inteligente, los pagos por servicios o por proyectos ambientales, los proyectos REDD”.
“Se enfrenta la lógica cortoplacista que quiere desarrollar metas demasiado rápido, frente a otra lógica que quiere implementar soluciones desde los pueblos y desde los territorios”, continuó.
A 25 años de la puesta en marcha del Convenio sobre la Diversidad Biológica, desde Otros Mundos Chiapas afirman que se debe “seguir apostando a soluciones que vienen desde, con y para los pueblos. Ese es el posicionamiento desde el cual nos paramos en Amigos de la Tierra, para tener una visión más integral sobre la vida. Y esperamos que este tipo de espacios (generados a partir de convenios internacionales) puedan seguir funcionando de esta manera”.
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