Del 23 al 27 de abril, miles de indígenas se movilizaron en la capital de Brasil bajo el lema “Unificar las luchas en defensa del Brasil Indígena – Por la garantía de los derechos originarios de nuestros pueblos”, para visibilizar sus condiciones de vida, exigir la revocación inmediata de dictámenes del gobierno de Michel Temer que impiden los proceso de demarcación de los territorios que pertenecen a los pueblos, y lanzar una plataforma de candidaturas al Congreso, para obtener una representación política directa que promueva la descolonización.

Sonia Guajajara, coordinadora de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), precandidata a la vicepresidencia por el PSOL, indicó que "las candidaturas no son por la búsqueda del prestigio, sino para conseguir igualdad de oportunidades para decidir sobre las vidas indígenas, para discutir y decidir qué es mejor para el pueblo".

“Los pueblos indígenas de Brasil viven el escenario más grave de ataques a sus derechos desde la vuelta a la democracia del país. Condenamos vehementemente la quiebra de la política indigenista, efectuada mediante el desmonte deliberado y la instrumentalización política de las instituciones y de las acciones que el Poder Público tiene el deber de garantizar”, expresaron los líderes indígenas en el Documento final del Campamento Tierra Libre emitido el 26 de abril.

“El agronegocio es parte de las demoras en la decisión de demarcar tierras indígenas”, dijeron los manifestantes. Al no garantizar la demarcación de tierras, se profundiza el racismo, la criminalización y el genocidio a estos pueblos, denunciaron.

Representantes de los más de 305 pueblos indígenas de todas las regiones del país, reunidos en el Campamento Tierra Libre 2018, exigieron al Estado la atención a esta serie de reclamos:

1) Revocación inmediata del Dictamen 001/2017 de la AGU / Temer, que generado inseguridad para los pueblos indígenas;
2) Revocación inmediata de la Enmienda Constitucional 95, que congela para los próximos 20 años el presupuesto público;
3) Realización urgente de operaciones para la retirada de invasores de tierras indígenas ya demarcadas y la efectiva protección de las mismas;
4) Demarcación y protección de todas las tierras indígenas, con especial atención a las tierras de los pueblos aislados y de reciente contacto, asegurando el fortalecimiento institucional de la FUNAI;
5) Dotar de proesupuesto, con recursos públicos, para la implementación de la PNGATI y otros programas sociales dirigidos a garantizar la soberanía alimentaria, la sostenibilidad económica y el buen vivir de nuestros pueblos y comunidades;
6) Garantía de la continuidad de la atención básica a la salud de nuestros pueblos a través de la SESAI, considerando el control social efectivo y autónomo por parte de nuestros pueblos;
7) Eficacia de la política de educación escolar indígena diferenciada y con calidad, asegurando la implementación de las 25 propuestas de la segunda conferencia nacional y de los territorios etnoeducativos;
8) Archivar todas las iniciativas legislativas que atentan contra nuestros pueblos y territorios;
9) Garantía por parte de las distintas instancias del poder Judicial de la defensa de los derechos fundamentales de nuestros pueblos asegurados por la Constitución Federal y los tratados internacionales firmados por Brasil;
10) En el caso de la violencia, de la criminalización y discriminación contra nuestros pueblos y liderazgos, asegurando el castigo de los responsables de esas prácticas, la reparación de los daños causados incluso por agentes del Estado y compromiso de las instancias de gobierno (Ministerio de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia, Defensoría Pública) en la protección de nuestras vidas;
11) Aplicar los tratados internacionales firmados por Brasil, especialmente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incorporada al marco jurídico del país y que establece el derecho de los pueblos indígenas a la consulta libre, previa e informada sobre cualquier medida administrativa o legislativa que los afecten.