Un grupo de 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en ciudades “con mayor riesgo por el cambio climático” se presentaron como tutelantes y demandaron que se amparen “sus derechos a gozar de un ambiente sano, vida y salud, máxime cuando la amenaza a la degradación del ambiente, a causa de la deforestación de la selva amazónica colombiana, redunda negativamente sobre éstos”.

El 5 de abril, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló a favor de esta demanda y, bajo la consideración de que la Amazonía colombiana es “sujeto de derechos”, ordenó que el Estado implemente planes de acción de corto, mediano y largo plazo para proteger la riqueza de estos bosques. Esto implica que se fije una política concreta de gobernanza forestal que garantice “el manejo racional y sostenible de estos bosques nativos”.

“La conservación de la Amazonia es una obligación nacional y global”, señala el fallo de la CSJ, considerando que la Amazonía representa el 6 por ciento de la superficie del planeta y ocupa 40 por ciento del territorio de América Latina y el Caribe.
En esta región habitan 38 millones de personas, incluidos 385 pueblos indígenas, que constituyen el 11 por ciento de la población de los ocho países amazónicos [Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela]”.

La Amazonía tiene una extensión total de 7.8 millones de km², sus ríos aportan aproximadamente el 20por ciento del agua dulce del planeta, contiene 30.000 especies de plantas vasculares, incluyendo entre 5.000 a 10.000 especies de árboles.
Según el Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), entre 1990 y el 2016, Colombia perdió más de 2.1 millones de hectáreas de bosques. Sólo en la Amazonía, que constituye el 67 por ciento de la superficie boscosa colombiana, se deforestaron 70.074 hectáreas en 2016.

Cardona, integrante de Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo (CENSAT) Agua Viva, también recordó otros impactos ambientales que sufre la Amazonía, además de la deforestación, que han hecho incluso desaparecer a comunidades indígenas, como la construcción de carreteras, de oleoductos, la minería y otras industrias extractivistas.

El activista destacó que el contenido de la sentencia de la CSJ sienta un precedente a nivel de jurisprudencia, pero advirtió ciertas dificultades y riesgos en las órdenes que da el fallo. En especial porque tiene una mirada reduccionista y no garantiza ni propicia el manejo comunitario de bosques -una línea de trabajo que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a vivir en sus pueblos y manejarlos de manera autónoma.