Así empieza, en un reporte especial de Thomas Mc Donagh para Radio Mundo Real, la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Miriam Miranda, su sentido recuerdo de la dirigente Berta Cáceres, principal referente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) asesinada en ese país el 2 de marzo de 2016.

La OFRANEH nuclea al pueblo indígena garífuna de ese país. Miriam subraya la vida de Berta dedicada a la lucha feminista, anticapistalista y contra el racismo, y no sólo su carácter ambientalista.

La dirigente garífuna, destacada en su país por su defensa de los territorios, los bienes comunes de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas, referente además de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, asegura que el pueblo organizado sabe que el asesinato de Berta fue un “asesinato de Estado”. Señala que hasta la fecha ese Estado hondureño no ha querido cancelar el permiso de operación de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), dueña del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque contra el que Berta luchaba y el COPINH sigue en resistencia, a pesar de que algunos integrantes de la compañía fueron capturados y procesados por el crimen. El último capturado fue, el 2 de marzo pasado, el gerente general de DESA, David Castillo.

El COPINH insiste desde el inicio de las investigaciones del asesinato de Berta que Castillo y toda la junta directiva de DESA, propiedad de la familia Atala Zablah, es responsable intelectual del crimen.

Miriam agrega en la entrevista que el Estado de Honduras debía proteger a Berta por las medidas cautelares que le había otorgado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, parte de la Organización de Estados Americanos) en 2009, y las denuncias públicas de la propia Berta en repetidas ocasiones sobre los continuos hostigamientos que sufría. Pero el Estado de Honduras “no cumplió ese mandato internacional”, fustiga Miriam.

En este reporte especial para Radio Mundo Real, la dirigente garífuna habla, entre otros temas, del “golpe electoral” en las elecciones nacionales de noviembre, y de la “dictadura impuesta en Honduras”, que intensifica la violencia, las violaciones a los derechos humanos en el país y la entrega de los bienes comunes de la naturaleza. A su vez, esa entrega genera criminalización, judicialización, desplazamiento de comunidades y muchas crisis internas en ellas, asegura. “Las comunidades estamos más vulnerabilizadas que nunca”, se lamenta Miriam.

Desde el fraude electoral que llevó a Juan Orlando Hernández a la reelección presidencial, la represión a manos de la policía y los militares contra las manifestaciones de rechazo a la Dictadura dejó más de 30 muertos.