Al momento del asesinato de Berta, David Castillo era presidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), empresa responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Contra esa represa es que luchó, y sigue luchando, la comunidad lenca. Esa represa, amparada en la impunidad que reina en Honduras, le costó la vida a Berta Cáceres. Hasta ahora había ocho personas encarceladas por su crimen, y el COPINH reclamaba por el procesamiento de los autores intelectuales. En ese sentido, el procesamiento de Castillo es un primer paso.

Radio Mundo Real dialogó con Bertha Zúñiga, hija de Berta Cáceres y coordinadora general del COPINH sobre el procesamiento.

“Esta detención nosotros la estábamos esperando hace dos años, porque perfectamente se pudo haber hecho un día después de que ella fue asesinada”, explicó Zúñiga. Detalló que la audiencia inicial, que se desarrolló entre el jueves 8 y el sábado 10 de marzo, “se empezaron a presentar las pruebas que el COPINH junto con su equipo jurídico ya había procesado hace varios meses, desde el año pasado”. Agregó que son pruebas “sustanciosas” que contienen chat telefónicos que dan cuenta de la persecución contra Berta y otros integrantes del COPINH, así como de la planificación del asesinato de Berta, incluyendo la tentativa de asesinato previa al 2 de marzo.

“Nosotros insistimos e insistimos para que esa persona fuera capturada”, dijo Zúñiga, señalando que el procesamiento de Castillo es producto de toda la presión nacional e internacional. “Esto cambia la dinámica que ha habido hasta ahora en el proceso judicial, porque empezamos a tocar la puerta de la autoría intelectual, que era nuestra principal pretensión. Entendemos que, de todas maneras, él era una persona operativa que respondía a una Junta Directiva, donde podemos ver a varias personas de la familia Atala y otras más, que son las que toman la decisión de cada una de estas acciones”, agregó.

Zúñiga mencionó que en esta etapa la Justicia entendió que había “pruebas indiciarias suficientes” y que eso habilita que se pase a una próxima etapa del proceso. En cuanto a la posibilidad de enjuiciar al resto de los autores intelectuales del crimen de Berta, su hija lamentó que “no hay acciones serias, contundentes, para investigar a esas personas que empiezan a ser bastante mencionadas, incluso por el ya imputado. Hay que trabajar todavía bastante para llegar a eso, no va a ser nada fácil porque ya con esta primera detención la empresa ha empezado a mover toda su maquinaria, medios de comunicación, abogados, asesoría internacional, todo lo que puede para evitar una captura”.

El papel de la Justicia no ha sido el mejor. “Hemos luchado mucho por las pruebas, por tener acceso a la información, pero al día de hoy nosotros no tenemos la información completa de los expedientes de las personas ya requeridas, ya imputadas y eso es lamentable”, expresó Zúñiga. Es la propia organización, el COPINH, quien ha tomado las riendas de la investigación, y ha señalado el camino por dónde ir, aunque no siempre ha sido escuchada, o ha sido oída con retraso, como ocurre con Castillo. “Con la poca información que nos dieron, nosotros logramos sistematizar bastante información que alumbraba la autoría intelectual desde este crimen, desde octubre del año pasado nosotros procesamos gran parte de esas pruebas, se la entregamos al Ministerio Público para que no tuviese la excusa de no actuar frente a la autoría intelectual”, añadió Zúñiga, apuntando que el COPINH también ha proporcionado información que señala el protagonismo de más personas “que no están siendo tocadas” por la Justicia.

Concesiones
Para el COPINH, que se capturara a Castillo el 2 de marzo no fue una mera coincidencia. “Fue calculada por las autoridades de Justicia, nuestra consigna el 2 de marzo era ’Captura de los autores intelectuales’, era denunciar que no había actuación contra ninguno de elllos. Fue como responder a esta demanda, decir ’quieren autores intelectuales? Aqui están’. Fue una jugada política, también, por parte de las autoridades del distrito, del gobierno en general”, afirmó Zúñiga.

Es necesario recordar, además, la crisis política y social que vive Honduras, agudizada por el fraude electoral del 26 de noviembre de 2017, que permitió la reelección de Juan Orlando Hernández, algo que incluso está prohibido por la Constitución de Honduras. Zúñiga mencionó que las autoridades de gobierno, la Fiscalía General de la República y la Justicia están siendo fuertemente cuestionadas por el pueblo hondureño, y que por ello “han definido como estrategia dar resutados de algunos de los casos más trascendentes, un especie de sacrificio, acordando impunidad con respeto a otros involucrados”. En ese sentido, Zúñiga interpreta que la captura de Castillo, así como el procesamiento, el 6 de marzo, de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, esposa del ex presidente Porfirio Lobo (2010-2014) por corrupción, es una estrategia del gobierno para legitimarse.

Por todo eso, Zúñiga aclaró que el procesamiento de David Castillo “no es resultado de la voluntad política del Estado, al contrario, es resultado de la presión tan fuerte que se ha hecho”. “Es un paso todavía pequeño, de mucho camino, de mucho trayecto, pero no tendrán nuestro silencio, no tendrán nuestra pasividad. En ese sentido es, creo, una victoria para nosotros. Es una alegría que esta persona, después de tantas denuncias, sea finalmente detenida y se la pueda condenar”, valoró. “Seguiremos haciendo toda la presión política para tener mucho más”, agregó, destacando el compromiso del COPINH para “hacer todos los esfuerzos” para recabar más información “y llegar a lo que queremos: la verdad, la justicia”.

A todo esto, el proyecto Agua Zarca está detenido, al mismo tiempo, permanece intacto, observó Zúñiga. “Ellos tienen todavía la concesión [del río Gualcarque], y la van a tener durante 50 años si no hay una acción administrativa por parte de las autoridades de Justicia, de un proyecto que claramente es ilegal”, subrayó. Si bien los dirigentes de la empresa desaparecieron de la escena pública, la coordinadora del COPINH comentó que hay personal de la empresa que está trabajando a nivel del territorio, para ganar adeptos en la comunidad -pagándoles, incluso-, para crear estructuras comunitarias y para que digan que están a favor del proyecto hidroeléctrico.