"Un pueblo heroico en pie de lucha. Reitoca en contra del encarcelamiento del agua" tituló el movimiento Madre Tierra / Amigos de la Tierra Honduras un comunicado de prensa que emitió el 17 de febrero para difundir la situación del Río Grande Reitoca.

Madre Tierra está haciendo el acompañamiento al Comité de Protección del Río Reitoca. Para profundizar en lo que sucede allí, Radio Mundo Real dialogó con Mario Zavala, integrante de Madre Tierra.

Zavala explicó que el municipio de Reitoca se ubica en una zona con crisis hídrica, en la que las personas tienen que caminar hasta 30 kilómetros para poder llevar agua a sus casas; es impactada, también por el cambio climático, puesto que, en los últimos 20 años, así como hay severas sequías, hay inundciones que arrasan con todo. Más allá de eso, el río es fuente de vida para 12.000 personas del centro de Honduras.

La represa hidroeléctrica a la que se oponen se llama Progelsa, es de capitales hondureños e italianos. Zavala ralató que el Congreso hondureño le concedió el permiso de construcción en 2014 y que el avance de obra es cercano al 70%. Hace poco más de 40 días que los habitantes de Reitoca notaron cambios en el río: “de un día para otro apareció de otro color y aparecieron peces muertos. Empezaron a buscar qué era lo que había pasado y cuando llegaron a la zona donde se está construyendo la cortina se enteraron de que el río se había desviado y que por lo tanto todo el remanente de sucio corría por el río en dirección hacia donde las comunidades toman agua”, explicó. A partir de ese momento, resolvieron instalar el campamento, que se ubica en un terreno comunitario, frente a los portonoes de ingreso a la empresa.

Golpe mediante
Los conflictos sociales por instalaciones de represas hidroeléctricas en Honduras se han incrementado desde 2009, año en que el país sufrió golpe de Estado. La manifestación más visible de ese conflicto fue el asesinato de Berta Cáceres, que lideró la oposición al proyecto Agua Zarca. El caso de Reitoca es otra consecuencia del camino que se allanó con el golpe de Estado. Zavala relató que en 2009, se aprobó una Ley General de Aguas “que concibe al agua como un bien de uso público y de interés nacional, quiere decir que el Estado puede hacer uso de todas las fuentes hídricas en relación a lo que le interesa producir”. Añadió que eso derivó en que el Congreso aprobara rápidamente 47 proyectos hidroeléctricos, sin que siquiera contaran con los correspondientes estudios de impacto ambiental. “Eso generó toda la conflictividad social en torno a las falsas soluciones que se están colando en los territorios y que, en realidad, para las comunidades no significan el progreso que dicen ser, en su afán de como se presentan los proyectos”, explicó. Agregó que a partir del golpe de Estado, “las trasnacionales tomaron el poder y generaron toda una serie de políticas y leyes que hoy por hoy implican todo lo que sostiene el conflicto social en las comunidades indígenas”.

Engaños y amenazas
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que las comunidades indígenas y tribales tienen derecho al consentimiento libre, previo e informado sobre los proyectos que se quieren instalar en sus territorios. Ese pacto internacional no fue cumplido por el gobierno hondureño, que se ampara en que el Convenio 169 no ha sido reglamentado, explicó Zavala. “Entonces, hacen un proceso de socialización y lo toman como una consulta. No se llama a la población a que voten si están de acuerdo o no. Van al áreas de influencia y socializan, pero no preguntan si están de acuerdo. Eso lo toman como la consulta, amparándose en que no está reglamentado. Sin embargo las comunidades siguen haciendo ejercicios en los cuales sí consultan a los pueblos si quieren minería, si quieren hidroeléctricas u otro tipo de proyectos. Aunque no esté reglamentado, debe consutláreselos”, remarcó Zavala.

Para eso, los habitantes de Reitoca conformaron un cabildo abierto, que está rechazando la construcción de la hidroeléctrica. “Es la primera vez que un municipio se vuelca totalmente al campamento a cuidar el río”, destacó Zavala.

Personas armadas con el rostro cubierto y hasta un convoy completo de militares llegaron hasta el campamentos para intimidar a los acampantes. Pero no lograron desalojarlos. Zavala mencionó que con esas acciones, se busca “generar terror y evitar que esta lucha, que es muy auténtica y muy limpia, que es del pueblo, pueda lograr la salida de ese proyecto hidroeléctrico”.

En medio de la dictadura que vive Honduras, con un presidente que asumió gracias a un fraude electoral, preocupa lo que pueda ocurrir. “Hay preocupación por que no se respete la voluntad del pueblo en torno a la salida del proyecto hidroeléctrico, y que venga toda una ola de criminalización en contra de los defensores territoriales y que haya víctimas mortales de este conflicto”, transmitió Zavala. Agregó, además, que es sabido que muchas empresas trasnacionales recurren al paramilitarismo para concretar sus proyectos y violentar la decisión de los pueblos originarios.

Tras el fraude electoral, Zavala comentó que “hay mucha criminalización” en Honduras, y que hay persecuciones a personas vinculadas a luchas territoriales, a las que se les están implantando pruebas falsas. “El Estado se fortalece en relación a la dominación militar, a la persecución judicial y a la criminalización de los defensores y las defensoras”, dijo. Añadió que “es un panorama bastante desalentador”, pero destacó la resistencia popular. En medio de un cerco mediático que impide dar a conocer esta realidad, Zavala apeló una vez más a la solidaridad internacional. “Es muy importante que la comunidad se solidarice y acompañe los procesos de denuncia constante que estamos enfrentando”, exclamó.