“Una de las razones por las cuales los promotores del proyecto iniciaron un proceso legal en contra de nosotros es para asustarnos, para que abandonemos la lucha contra este proyecto monstruoso” expresó, en diálogo con Radio Mundo Real, Enes Ćerimagić, abogado y vicepresidente de AT Croacia.

La empresa croata Razvoj golf (filial de la empresa Elitech, que tiene sede en Países Bajos) demandó en setiembre de 2017 al Estado croata por 500 millones de euros y, de paso, le reclama a Zelena Akcija / AT Croacia que le pague 30.000 euros “por daños y perjuicios”. La demanda contra la ONG va más allá de lo lo económico: los inversionistas esperan obtener una orden judicial para prohibirle a Zelena Ackija / AT Croacia hablar públicamente sobre el proyecto.

Junto con activistas locales, Zelena Ackija lucha “desde 2006 por la conservación del monte Srđ y un área 20 veces superior al tamaño de la parte antigua de Dubrovnik”, recuerda un comunicado emitido por Amigos de la Tierra Europa el 12 de febrero. Zelena Akcija y el movimiento nacional “Derecho a la ciudad” crearon, en 2010, la iniciativa “Srđ es nuestro”.

A costa del pueblo
La población de Dubrovnik se opone a este proyecto: en 2013, en un referendo organizado por la iniciativa “Srđ es nuestro”, el 84 % de los votantes expresó su rechazo. Como la participación fue menor a la esperada, el referendo no fue vinculante pero, tal como señala el comunicado, “fue una clara demostración del malestar popular” contra un proyecto que contó, desde el inicio, con el apoyo unánime de los principales partidos políticos.

“Este complejo de golf devoraría los recursos naturales, especialmente el agua, aumentaría también el uso de plaguicidas y acapararía el espacio libre que queda en Dubrovnik para el desarrollo de la ciudad”, explicó Ćerimagić.

El abogado añadió que “la gente está firmemente en contra del proyecto porque no quieren este desarrollo inmobiliario dentro de su ciudad, no quieren una comunidad cerrada que contribuya con la estratificación social de la ciudad y cambie completamente la imagen de Dubrovnik”.

Pero no sólo está el daño al ambiente y al desarrollo de la ciudad, sino que, según la información disponible, “la infraestructura necesaria para este proyecto sería financiada por los ciudadanos”, dijo Ćerimagić, que catalogó esta situación como “completamente inaceptable”.

Presiones contra el Estado
El referendo de 2013 logró que en 2014 un tribunal anulara una decisión de 2006 de triplicar el tamaño del proyecto, de 100 a 310 hectáreas; la resolución no se concretó porque “el funcionario responsable, el jefe del condado de Dubrovnik-Neretva, simplemente pasó por alto la decisión”, recuerda el comunicado. La segunda victoria legal para “Srđ es nuestro” ocurrió en setiembre de 2016, cuando se anuló el permiso ambiental que se le había otorgado al proyecto en 2013; en febrero de 2017, se anuló el permiso de construcción.

Tras esos fallos fue que los inversionistas presentaron, en setiembre de 2017, una demanda por 500 millones de euros contra la República de Croacia ante un tribunal de arbitraje de diferencias Estado-inversor (conocido como ISDS, por su nombre en inglés), alegando que el “Estado les había quitado sus permisos de desarrollo”. El comunicado de Amigos de la Tierra Europa explica que “la demanda se entabló en el marco de un tratado comercial bilateral entre Croacia y Países Bajos que permite a los inversionistas demandar a los Estados por aprobar medidas en interés del público si consideran que sus ganancias han sido perjudicadas”, pero aclara que “no les quitaron sus permisos, sino que estos fueron anulados en un proceso judicial en el cual participaron”.

Las tácticas de la empresa “parecen tener éxito”, dice el comunicado de la organización: “Solo cinco semanas después de que se presentara la demanda ante el tribunal de arbitraje, el Estado emitió un nuevo permiso ambiental y otro permiso de construcción. Al hacer esto, el Estado desestimó a su propio tribunal, que dio instrucciones específicas sobre cómo evaluar de forma adecuada si un proyecto era aceptable desde el punto de vista ambiental o no. La nueva decisión se basó en los documentos anteriores, lo que significa que el ’nuevo’ permiso ambiental es simplemente una copia del original que fue anulado por el tribunal”.

El caso es un ejemplo más de la presión que ejercen las empresas trasnacionales contra los Estados, amparados por tribunales internacionales de resolución de conflictos, que suelen fallar a favor de las empresas. “Cuando esto sucede, los Estados son despojados de toda fuerza política real para proteger al medioambiente y a sus ciudadanos, y esto es lo que está sucediendo en nuestro caso”, expresó Ćerimagić sobre el ISDS.

Juicios a ambientalistas
“Continuaremos luchando contra el proyecto. Hace unas semanas presentamos dos nuevas demandas ante los tribunales en contra de los nuevos permisos”, aseguró Ćerimagić. Consideró, además, que en otras instancias anteriores la ONG tuvo éxito: “creemos que tenemos buenas posibilidades de ganar estas batallas legales nuevamente, porque el texto del caso no ha cambiado prácticamente en el último año”, expresó.

Sobre la demanda contra ellos para que no hablen del proyecto, Ćerimagić afirmó que “es completamente inaceptable” y que “va en contra de los estándares democráticos de los países modernos”.

“Si un tribunal decide prohibirnos hablar públicamente para el proyecto se sentaría un precedente peligroso, no solo para Amigos de la Tierra Croacia, sino para la libertad de expresión en Croacia en general”, subrayó Ćerimagić. El abogado alertó, además, que en todas partes del mundo se está repitiendo un patrón, una forma de actuar “que se ha vuelto cada vez más común”: “que los inversionistas lleven a juicio a los y las activistas ambientales”. “Creemos que esto es inaceptable”, concluyó Ćerimagić.