Lo hizo en Ottawa, capital canadiense. Acusó a la Embajada de ese país en México de cubrir a la minera canadiense Blackfire Exploration, a la que señala como una de las responsables del asesinato de su padre.

El Comisionado tiene un plazo de 90 días para tomar el caso e investigar, y la familia Abarca espera una respuesta favorable. La Embajada “acuerpó a la empresa minera para que pudiera seguir trabajando”, y además “abonó la relación con el gobierno mexicano”, lo que fue fundamental para que la compañía “cumpliera con las amenazas -de muerte- que le habían hecho a mi padre”, dijo José Luis a Radio Mundo Real.

Mariano Abarca fue un defensor de derechos humanos y del medio ambiente en el municipio de Chicomuselo. Fue, además, fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Lo acribillaron frente a su casa el 27 de noviembre de 2009, luego de recibir amenazas por su oposición a la operación de la mina de barita “La Revancha” (en funciones desde 2008), en el ejido de Grecia, por sus impactos para la salud de la población y el ecosistema.

El caso fue cerrado en la justicia mexicana sin aclarar, y aunque la familia de Mariano sigue movilizada, exigiendo justicia y pidió la reapertura del expediente, sus reclamos no han tenido eco judicial.

José Luis, junto a sus tres hermanos y su madre, señalan al Estado mexicano, a Blackfire Exploration y a la Embajada canadiense en México como responsables de la muerte de Mariano. En junio del año pasado presentaron una demanda contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recibió el recurso y tiene un año para investigar.

Pero ahora van por la Embajada de Canadá, por su papel durante el conflicto social que se generó de 2007 a 2009 en Chicomuselo y que terminó con el asesinato de Mariano. Cuatro organizaciones interpusieron la denuncia en Canadá junto a la familia Abarca: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, la REMA, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y MiningWatch Canada (Alerta Minera Canadá).

Los demandantes consideran que las acciones y omisiones de la Embajada pudieron haber contribuido al asesinato de Mariano, y que la sede diplomática pudo haber incumplido con la política que la obliga a informar a las autoridades de Canadá sobre actos de corrupción cometidos por empresas de ese país.

En la entrevista con Radio Mundo Real, José Luis dijo que su padre se había presentado ante la Embajada canadiense en 2009, antes incluso de ser encarcelado con cargos falsos, según explicó. En esa instancia ante la Embajada Mariano pidió protección, ya que había sido amenazado en 2008 junto a otras personas en resistencia, y mencionó los conflictos que la empresa había causado en el municipio. Incluso, ese mismo 2008 Mariano fue golpeado junto al propio José Luis, y fueron también amenazados de muerte.

Nuestro entrevistado relató también que Alerta Minera Canadá recopiló documentación que da cuenta de que la Embajada canadiense había monitoreado y sabía de la existencia de Mariano y del conflicto en Chicomuselo ya desde 2007, porque Blackfire Exploration la había puesto en conocimiento. “Desde entonces la Embajada canadiense sabía de los riesgos que se estaban suscitando en Chicomuselo”, señaló José Luis.

Según agregó el hijo de Mariano, la investigación de Alerta Minera Canadá permitió saber que hubo correos electrónicos entre la Embajada de Canadá en México y Blackfire Exploration incluso hasta 2010, año posterior al asesinato del defensor ambiental. La Embajada pudo “tomar otro rumbo y limitar a la minera”, pero no lo hizo, fustigó José Luis.

En lo referente a la demanda de junio pasado contra el Estado mexicano ante la CIDH, el hijo de Mariano señaló que hubo “personas muy directas” involucradas con el asesinato, amenazas previas contra su padre, pero aún así la Fiscalía no quiso investigar debidamente. “Hubo muchos límites” y un “nulo interés” por investigar, se quejó. “Hubo cinco personas detenidas y todas quedaron en libertad. Si ellos no son, ¿quiénes son??”.

Al menos algunos de los detenidos estaban vinculados a Blackfire Exploration y se informó posteriormente que varios empleados canadienses abandonaron Chiapas luego del asesinato.

Para José Luis es claro que la transnacional minera “tenía la intención de quitar del medio a mi padre”. “Hemos pedido que se reabra el caso” sin éxito, aseguró, “y por eso hemos buscado opciones con toda la intención de que se haga justicia”.

La familia sigue reclamando que se retome el expediente, que en la nueva etapa se llame a declarar a los directivos de Blackfire Exploration, porque fueron quienes estuvieron en contacto con la Embajada canadiense y el gobierno de México, y que se de con los autores materiales e intelectuales del asesinato de Mariano.

Sobre el final de la charla con Radio Mundo Real José Luis reconoció el gran valor del apoyo de las organizaciones sociales que han acompañado a su familia en todo el proceso, y ahora en la demanda presentada en Canadá. “Nos han coberturado, nos apoyan en las exigencias, nos apoyan sobre cómo protegernos, están atentos a la familia, y también está el acompañamiento legal”, destacó.

Asimismo, José Luis recordó a su padre como “el pilar fundamental” de la familia, que hoy sigue con temor a las represalias porque continúa exigiendo justicia y aún hay “roces” en la población local, porque hay gente que defiende la operativa minera. “Nunca nos imaginamos que lo fueran a matar por pedir justicia, por pedir que se respeten los derechos de las personas aquí en nuestras comunidades”, manifestó José Luis. Aseguró que la familia sigue adelante “porque nada puede estar por encima de la vida de una persona, ni el oro”, y para que estos hechos dejen de reiterarse en México y toda América Latina.