En enero de 2017, siete familias del paraje conocido como “La Armonía”, a unos 34 kilómetros del centro de la capital nacional, sufrieron la pérdida total de sus cultivos hortícolas al contaminarse la fuente de agua para riego a partir de las actividades de una empresa agrícola mediante un “caldo” de herbicidas que incluyó el denominado piclorán y el 2,4 D.

Este último es el ácido 2,4-diclorofenoxiacético, un herbicida sistémico hormonal altamente tóxico desarrollado durante la II Guerra Mundial y empleado en la industria armamentista como defoliante.

En el año transcurrido, las familias han tenido discontinuidades grandes en sus ingresos y producciones en tanto que la empresa agrícola, a pesar de haber sido sancionada tanto desde la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) como por el Ministerio de Agricultura, continúa con sus actividades que incluyen aplicaciones que afectan a los habitantes del lugar.

Convocada por la Comisión contra la Soja Transgénica en Canelones y en Defensa del Agua, organización que presentara unas 12 mil firmas al gobierno departamental requiriendo la prohibición de dicho cultivo, se realizó una asamblea el pasado 26 de enero donde se hizo una puesta a punto de lo ocurrido durante 2017 y se recogieron testimonios de nuevas problemáticas en otras zonas del departamento.

En esa instancia Radio Mundo Real dialogó con Diego De Amores, joven productor hortícola que enfrenta la contaminación de fuentes de agua producto del escurrimiento desde predios linderos tratados con herbicidas de alto poder biocida.

Diego vive y produce en el denominado “Camino Mangangá”, en el noreste de Canelones, sobre un predio de tres hectáreas, de las cuales cuenta con unos 3000 metros cuadrados protegidos.

A dos meses de detectarse el problema y sufrir la pérdida total de cultivos protegidos, Diego no cuenta con el resultado de los análisis que le permitan saber a ciencia cierta qué herbicida es el causante y por ende delinear la recuperación de su ciclo productivo: “a dos meses de tomadas las muestras, necesitamos conocer el resultado de los análisis y recomponer nuestro ciclo productivo, para nosotros el tiempo corre”, explica Diego.

La reglamentación vigente establece una distancia de retiro para aplicaciones que contempla a los “centros poblados” pero no a las viviendas rurales aisladas. “Actualmente aplican a 30 metros de las casas... no he hablado con el empresario responsable pero me envían un whatsapp antes de aplicar” dice Diego.

La empresa declaró inicialmente haber aplicado 2,4 D y glifosato sobre un cultivo de alfalfa, relató, De Amores.

En diciembre de 2017, fueron aprobados nuevos eventos transgénicos en Uruguay, incluyendo nuevas variedades de soja resistentes precisamente a 2,4 D y Dicamba. De ahí la preocupación por el aumento del uso del 2,4 D y su impacto en cuencas hídricas y predios de producción de alimentos.