El área en cuestión es la Reserva de Biosfera de los Montes Azules, ubicada en el estado mexicano de Chiapas, en la selva lacandona. La noticia trascendió a partir de un comunicado de prensa emitido el 10 de enero por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y el Movimiento Reddeldía de los Montes Azules. En él, las organizaciones denunciaron que el Ejército ingresó al territorio “para provocar y asustar a la población”.

Poco después del mediodía del 9 de enero dos aviones del Ejército mexicano sobrevolaron la zona de Amador Hernández. Luego aterrizó un helicóptero con nueve militares; al ser consultados por las autoridades locales, respondieron que estaban buscando una avioneta y que no tenían idea de dónde se encontraban, relata el comunicado. Las autoridades les recordaron que un acuerdo comunitario prohíbe la entrada del Ejército a la comunidades y, respaldados por 300 personas de la comunidad, los acompañaron hacia la carretera para que se marcharan. Pero el helicóptero se fue y regresó con otros nueve militares, que también fueron invitadas a retirarse por los locatarios. Por la noche, sobrevoló un tercer helicóptero.

En el comunicado, las organizaciones cuestionan las explicaciones dadas por los militares y afirman que, en verdad, “se trataba de una operación de vigilancia y de control de nuestras comunidades en el marco de la implementación de la Gendarmería Ambiental anunciada en el 2016. Se trata de un nuevo cuerpo de la Policía Federal encargado oficialmente de ’garantizar y salvaguardar las áreas naturales protegidas’ y oficiosamente de controlar y reprimir a la población para conservar los intereses del gobierno y las empresas”.

Reserva que desprotege
Radio Mundo Real charló sobre lo ocurrido con Claudia Ramos, integrante de Otros Mundos, y con Juan y Francisco, habitantes de Pichucalco, uno de los ejidos que comprenden la localidad de Amador Hernández.

Ramos relató que la región tiene una historia de desalojos violentos y quemas de casa, bajo el pretexto de la demarcación de la zona lacandona. El trazado del polígono que instaura la reserva de la biosfera de los Montes Azules, de 164.000 hectáreas, todavía no se ha terminado de definir, y es uno de los principales motivos de conflictos. Las comunidades se oponen al paso de la brecha que definirá el polígono, porque al momento de crearlo, no fueron consultadas. “Si se instaura la reserva significa [implementar] formas de control y coerción sobre uso del territorio; el área federal va a venir a decir cómo vas a cultivar tu maíz, tu frijol”, explicó Ramos.

Detalló que los Montes Azules son “el segundo macizo forestal en México en términos de captación de agua y uno de los más grandes en términos de biodiversidad. Conviven pueblos y comunidades indígenas: choles, sotsiles, tojolabales y tzeltales, y existen muchísimos intereses sobre el uso de la biodiversidad, sobre el bosque, programas de economía verde y falsas soluciones como el de Reducción de Emisiones por la Deforestación y la Degradación de los Bosques [REDD], la venta de la biodiversidad y la entrada de grandes trasnacionales, de farmacéuticas y de proyectos ecoturísticos”. Frente a todas esas tensiones y con todos esos intereses en juego “los pueblos indígenas piden respeto a su derecho a vivir ahí”, remarcó Ramos.

En diciembre de 2017 el Senado mexicano aprobó la Ley de Seguridad Interior. Así como lo expresa el comunicado, Ramos afirmó que la norma “favorece la militarización de los territorios”, porque “prevé que el Estado solicite la participación del Ejército mexicano en cualquier situación que el Ejército pueda considerar de importancia el actuar de las Fuerzas Armadas”. Ramos señaló que la incursión del Ejército en los Montes Azules evidencia “la política del gobierno mexicano, que consiste en otorgar cada vez más poder a las Fuerzas Armadas y cada vez menos poder a los pueblos en la defensa legítima de los territorios, en la defensa legítima de la vida; esto vulnerabiliza mucho más a los pueblos y comunidades”.

Los habitantes de la zona luchan contra la militarización, contra los procesos de economía verde y la puja de las trasnacionales “que quieren patentar la vida, vender la biodiversidad”, expresó Ramos. Es por eso que rechazan el Protocolo de Nagoya, los proyectos de la cooperación alemana, y las “falsas soluciones” del programa REDD de las Naciones Unidas, que desarrolla “formas de especular con el dinero y responsabilizar a los pueblos y comunidades indígenas del sur global para reducir las emisiones, sin atacar las causas subyacentes del cambio climático”.

De lo charlado con Juan y Francisco, queda en evidencia las carencias que tiene la zona en materia de salud, educación e infraestructura mínima. “Casi que no hay carretera, siempre caminamos como dos horas de camino en una carretera de pura terracería; el gobierno no nos manda doctores, hemos sufrido varios, ha llegado a haber muertos porque no hay cómo sacarlos [a los enfermos] de urgencia”, relató Juan. Claramente, si precisan una presencia del Estado no es, justamente, la del Ejército. A raíz del sobrevuelo de helicópteros y aviones, que incluyó también disparos, las mujeres y los niños de la localidad quedaron aterrizados. A todos les preocupa que el problema se acreciente; el marco legal parece habilitarlo, y las comunidades ni siquiera se animan a hacer la denuncia legal de lo ocurrido.