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25 de noviembre | | | | | |

Impunidad en Honduras

Honduras: “estamos viviendo con la más salvaje violencia del extractivismo”, sostiene Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres

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Laura Zúñiga es hija de la luchadora hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016 por oponerse a la construcción de la represa hidroeléctrica DESA en el río Gualcarque. El asesinato de Berta sigue impune; DESA sigue tieniendo la concesión del río, esa es una de las 50 concesiones para represas que hay en territorio lenca. Las comunidades son criminalizadas y perseguidas con la complicidad de un gobierno que este domingo interntará, ilegítimamente, mantenerse en el gobierno.

Con sus 25 años, Laura es la menor de las hijas de Berta; ahora vive en Buenos Aires, pero creció en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), colectivo al que pertenecía también su madre. El 17 de noviembre participó del Encuentro de Montevideo de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, y fue una de las oradoras del taller sobre trasnacionales, donde contó acerca de la experiencia en Honduras, “sobre todo de empresas extractivas y cómo actúan confabulándose con el Estado para obtener ganancias y pasar por encima de los derechos de las personas”, explicó.

La represa hidroeléctrica Agua Zarca es un proyecto de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA). Zúñiga comentó que esa empresa “militarizó la comunidad de Río Blanco” contratando a paramilitares y empresas de seguridad privadas para perseguir a su madre y a todas las luchadoras y luchadores que están enfrentándose al proyecto. Refiriéndose a Berta, comentó que en confabulación con el Estado hondureño, DESA persiguió, criminalizó y estigmatizó a su madre y como con esa estrategia no pudo frenar su lucha, terminó asesinándola y montando “estructuras criminales" junto con el Estado, "no sólo de sicariato y asesinato, sino de corrupción y redes que buscan garantizar la impunidad en este crimen y en todos los que ha cometido la empresa”.

Así como DESA cuenta con “la complicidad” del Estado, también cuenta con la complicidad económica y política de los bancos que la financian, como el FMO -de capitales estatales de Holanda-, el Finnfund -de capitales de Holanda y de Finlandia- y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), dijo Zúñiga. El FMO y el Finnfund se retiraron este año del proyecto. “La presión internacional y sobre todo el escándalo mundial es lo que termina haciendo decidir a los bancos de desistir del financiamiento de este proyecto”, precisó.

El BCIE continua financiando el proyecto y DESA continúa con la concesión del río Gualcarque. “Ahora la pelea es porque se vaya de manera definitiva el BCIE y porque se cancele la concesión que tienen del río”. Pese al retiro de los bancos internacionales, la falta que cometieron se mantiene intacta: “el FMO y el Finnfund nos deben la vida de nuestra compañera y de eso tienen que hacerse cargo, vamos a buscar que se hagan cargo los bancos, los empresarios cómplices y los miembros del Estado que participaron siendo cómplices, por acción u omisión, de ese asesinato”, enfatizó.

Además de DESA, hay otras 50 concesiones para represas en el río Gualcarque y en territorio lenca. “Estamos viviendo con la más salvaje violencia del extractivismo, acompañada por toda la militarización que hay en la zona y todas las agencias de seguridad privada que más bien funcionan como paramilitares”, contó.

Las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de este domingo 26 en Honduras abrirán otro frente de batalla. “Estamos viendo que un presidente se reelige de manera inconstitucional y que si llegara a reelegirse, se instauraría una dictadura abierta y salvaje en Honduras”, explicó. Detalló que la Constitución de Honduras no permite la reelección, pero que el gobierno del actual presidente, Juan Orlando Hernández, modificó la norma de manera indebida, puesto ese artículo de la Constitución sólo puede ser modificado por una Asamblea Nacional Constituyente. “Ningún presidente se puede reelegir, y que sólo el hecho de hablar de reelección constituye el delito de traición a la patria”, informó Zúñiga, y lamentó que Hernández “poco a poco se va asegurando la reelección indefinida, sin ninguna consulta y sin ningún proceso constitucional legal”.

En esto, los medios comunicación han tenido un rol clave. Zúñiga comentó que en Honduras todos los medios “son todos funcionales al empresariado”. Comentó, por ejemplo que el informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) sobre el asesinato de Berta Cáceres -que fue presentado en octubre y relató “cómo se armó toda la estructura criminal” para el asesinato de Berta y para perseguir a otros luchadores de la comunidad lenca- “salió en muchos periódicos internacionales y en casi ninguno nacional, es decir: le hicieron un cerco mediático increíble”, explicó. Añadió que los medios comunitarios y populares que pueden estar disidiendo, son perseguidos, y que las radios comunitarias del COPINH “viven en constante asedio”.

Finalmente, Zúñiga evaluó el Encuentro de Montevideo de manera positiva. “Fue muy rico para debatir, encontrar puntos en común; hay algo que se siente con urgencia, que los movimientos sociales lo están sintiendo mucho, que es la necesidad de unidad, de construir juntos. Yo creo que todavía nos falta saber cómo lo hacemos. De todas maneras, en ese descubrir está encontrarse”, concluyó.

Imagen: Laura Zúñiga. Foto: Convergencia de Comunicación de los Movimeintos Sociales.

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