En varios municipios del Caquetá, al sur colombiano, se ha avanzado en asambleas para la implementación de la Reforma Rural Integral que figura como “Punto 1” de los acuerdos, así como en la sustitución de cultivos ilícitos (“Punto 4”).
Así lo testimonia Daniel Andrés Rivas de la organización ATCAM, en un pasaje de su diálogo con la Misión. A pesar de ello, Daniel denuncia el atropello que existe contra líderes y lideresas de comunidades, que en algunos casos llega hasta las amenazas contra ellas y ellos por parte de guardias paramilitares con complicidad del estado.

Descoordinación y desconocimiento

Otro de los testimonios es el de Elda Martínez, integrante de FENSUAGRO y al mismo tiempo de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc. Elda destacó la importancia de lograr una “veeduría social consciente” que permita “la identificación del campesino” en zona de incidencia del conflicto armado “como sujeto de derecho”.

Elda indicó que en términos generales el cumplimiento del “Punto 1” ha sido “lamentable” y remarcó la coordinación entre las diversas agencias oficiales que trabajan en el área. “Existe descoordinación y desconocimiento evidente del Acuerdo” y en forma similar a lo planteado por Daniel Andrés, se denuncia la violación de los DDHH de los líderes y lideresas comunitarios.

“Muchos agentes que no son precisamente las ‘disidencias’ se están armando y causando delitos como el abigeato, la extorsión y los asesinatos”, relata Elda. Y agregó que a pesar de que los Acuerdos otorgan protagonismo a las comunidades organizadas, en la práctica los caudillismos locales hacen atemperar ese principio o en otros casos aparecen como “dádivas” de parte de los agentes locales, cuando en realidad deberían ser derechos nconsagrados en la propia letra del Acuerdo.

“Nadie nos ha obligado”

Rigoberto González, Presidente del Sindicato Agrario del Huila, en su testimonio ante la II Misión fue claro en señalar que “los Acuerdos de Paz no han llegado todavía a territorio huilense”.

Como ejemplo subrayó la problemática de los prisioneros políticos y la lucha que emprenden las familias y organizaciones para su liberación. “A nosotros nadie nos ha obligado a estar en esta lucha, como indica el gobierno que eran las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) las que nos obligaban a ingresar a la lucha”.

En tanto, otros interlocutores de la Misión denunciaron improvisación en cuanto a la aplicación de programas de pos conflicto por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Es el caso de Nolberto Villalobos de la Zona de Reserva Campesina Cuenca del Río Pato y Valle de Balsillas.
Dicha improvisación, indicó, contrasta con la ansiedad entre las comunidades por el cumplimiento de los compromisos.

Los 26 delegados y delegadas de varios países, miembros de instancias de dirección de la Vía Campesina, integran esta II Misión que se extenderá hasta el 27 de noviembre y de la cual se espera surja un reporte que informe sobre la situación en los distintos territorios.

* Este informe especial fue elaborado en base a testimonios recogidos por comunicadores que integran la II Misión Internacional de la Vía Campesina sobre el cumplimiento de los Acuerdos de Paz en Colombia.

Ver también: Video Informe de la II Misión producido por FRENADESO Panamá.

"La disidencia es causada por el Gobierno Nacional, entre mas incumpla lo acordado la disidencia va a aumentar" un retroceso para la paz en Colombia. Presidenta De la Federación de Juntas del Caquetá interviene en la II Misión Internacional @CLOC_LVC #MisionEsColombia pic.twitter.com/WmP47J92kg

— ANZORC- ZRC (@ANZORC_OFICIAL) 22 de noviembre de 2017