Son dos emprendimientos que aún no están implementados y la activista mozambiqueña Erika Mendes, de la organización Justiça Ambiental (JA!) – Amigos de la Tierra Mozambique, reivindicó en Ginebra el derecho de las comunidades a decir “NO”, qué inversiones y proyectos no quieren en sus tierras, y cuáles son sus alternativas. Justiça Ambiental y la Campaña del Sur de África para Desmantelar el Poder Corporativo, parte de la Campaña Global de idéntico nombre, lanzaron un esfuerzo de trabajo conjunto en reclamo de ese derecho.

Mendes coordina en esa organización un proyecto de capacitación legal de comunidades y de creación de precedentes legales para la defensa de los derechos humanos. En entrevista con Radio Mundo Real, en portugués, la ambientalista consideró que es importante partir de las luchas de base, como en los casos de ProSavana y la represa de Mphanda Nkuwa, para ver las exigencias y dificultades de las comunidades para tener acceso a la justicia en países como Mozambique, donde los procesos legales llevan muchos años y muchas veces no hay respuestas. “Son esas experiencias las que tienen que alimentar el proceso de este tratado vinculante en la ONU, si no nada de esto tiene sentido”, dijo Mendes.

La entrevistamos el 28 de octubre en Ginebra, al día siguiente de finalizada la tercera ronda de negociaciones del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de ONU, que busca alcanzar un tratado legal que obligue a las transnacionales a respetar los derechos humanos y permita castigarlas si no lo hacen. Paralelamente hubo movilizaciones en la misma ciudad, por parte de las organizaciones y movimientos sociales que son parte de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo (presente en los cinco continentes), para presionar por el nuevo acuerdo.

El programa “ProSavana” ha sido objeto de estudio por la federación ambientalista Amigos de la Tierra Internacional, por ser uno de los mayores proyectos de inversión multilateral en África. Es impulsado por los gobiernos de Mozambique, Brasil y Japón, para entregar al agronegocio 35 millones de hectáreas que hoy están en manos de comunidades de pequeños agricultores mozambiqueños.

Por su parte, organizaciones sociales de ese país africano, alertan que la represa de Mphanda Nkuwa podría causar graves impactos ambientales y sociales, que afectarían a las comunidades locales que dependen del río Zambezi para vivir. Miles de personas serían desplazadas para generar energía a ser exportada a Sudáfrica.

Los dos casos fueron presentados también en el Tribunal Permanente de los Pueblos que sesionó en agosto en Johannesburgo, Sudáfrica, organizado por la Campaña del Sur de África para Desmantelar el Poder Corporativo. El Tribunal permitió a ocho países de la región presentar los impactos generados por la presión de las trasnacionales. Llevar los casos a la nueva ronda de negociaciones en Ginebra era importante para la Campaña en el Sur de África.

Para Mendes, el programa de ProSavana es una excusa para una “usurpación de tierras de dimensión absurda”. La activista explicó que está en fase de consultas pero en un proceso poco transparente, y que se ha liberado información gracias a la presión de las organizaciones y movimientos sociales.

Sobre la semana de negociaciones en Ginebra por el tratado legal sobre transnacionales y derechos humanos, Mendes consideró que fue “frustrante” el accionar de la Unión Europea (UE) y países como México y Rusia, que intentaron bloquear el proceso. No obstante, el resultado final es positivo, evaluó, porque gracias a la presión de las organizaciones sociales, y el trabajo de países como Ecuador (preside el Grupo de Trabajo en ONU) y Sudáfrica, se empezará a negociar en 2018 sobre un borrador de tratado legal. Se sabe hace muchos años que los principios voluntarios y la responsabilidad social corporativa no funcionan para hacer que las transnacionales respeten los derechos humanos, aseguró Mendes.