La asamblea se desarrolla desde el martes 24 y hasta el viernes 27 de octubre en Luziania, en el estado de Goiás, con el lema “Obstinación y esperanza en la afirmación de la vida de los pueblos indígenas”. Roberto Liegbott, coordinador de CIMI Regional Sur, explicó a Radio Mundo Real que la asamblea trabaja en torno a los grandes desafíos, a las preocupaciones, pero también en base a la esperanza.

Uno de los puntos de mayor preocupación es el freno puesto por el Estado al proceso de regularización de tierras que les corresponden a los indígenas. Liegbott comentó que de las 1.296 tierras que les corresponden a los indígenas, apenas 641 están regularizadas, pero que en su mayoría están ocupadas por terceros que se apropiaron de esas tierras para proyectos de agronegocio, fundamentalmente para la extracción maderera y minera. Con la paralización del proceso de regularización queda, entonces, pendiente el proceso de promover el retiro de esos terceros, y también la regularización de las 655 tierras restantes. Además de eso, el gobierno abandonó las acciones que facilitaban el acceso de la población indígena a políticas de salud, educación y actividades productivas. Para eso se disminuyó más de 60% la capacidad de la Fundación Nacional del Indio.

Liegbott denunció el intenso proceso de discriminación que sufren los pueblos indígenas. Dijo que en muchas regiones del país se perciben “campañas antiindigenistas” que sostienen que las poblaciones originarias no precisan tener acceso a la tierra porque no la aprovechan como lo hace el sector productivo. Habló de “intolerancia con claras características de racismo contra los pueblos indígenas” y que eso ha generado un contexto de violencia, física y simbolica, “propia de las estructuras sociales que propagan la intolerancia con los diferentes, la intolerancia étnca, la intolerancia religiosa. Son conceptos fundamentalistas que están siendo difundidos en el sentido de menospreciar y discriminar a las comunidades indígenas”, reprobó. Señaló, además, que cuando las comunidades denuncian esas situaciones, son criminalizadas y que quienes ocupan cargos de lideranza son perseguidos por el sistema policial y judicial brasileño.

El referente reprobó la influencia del sector ruralista a nivel Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con el objetivo de barrer con los derechos de los pueblos indígenas, que están reconocidos en la Constitución Federal. En concreto, el sector presiona para aprobar una enmienda constitucional (conocida como PEC 215) para quitar de la carta magna el derecho de regularización de tierras de las comunidades indígenas.

La asamblea se ha dedicado, también a destacar los aspectos positivos, como es el fortalecimiento de las identidades de cada pueblo indígena, de sus formas organizativas para alcanzar los derechos constitucionales, y la espiritualidad para superar este tipo de procesos. Liegbott destacó, además, la articulación con pueblos quilombolas, que sufren al igual que ellos la arremetida neoliberal discriminadora; las alianzas comprenden, también a movimientos populares, entre ellos el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, así como a organizaciones ambientalistas.