Casos paradigmáticos como el asesinato de la líder lenca Berta Cáceres le han mostrado al mundo la dura situación que atraviesan las comunidades hondureñas y el riesgo de vida en el que se encuentran defensores y defensoras de los bienes naturales y de las comunidades en Honduras. En Ginebra se desarrolla esta semana la tercera ronda de negociaciones en las Naciones Unidas de un tratado legal sobre las trasnacionales y derechos humanos; allí mismo, Radio Mundo Real dialogó con Aurelia Arzú y Mario Zavala.

Arzú dio cuenta de la delicada situación que vive el pueblo garífuna. Comentó que la producción de palma aceitera ha invadido a las comunidades, que no pueden protestar porque están siendo enjuiciadas, criminalizadas. “En nuestro país y no hay ley para los defensores de derechos humanos, especialmente para el pueblo garífuna e indígena”, lamentó.

Arzú vive en el municipio Santa Rosa de Aguán, en el departamento de Colón. Contó que en su comunidad, las empresas de producción de palma han desviado el río, elemento vital para los lugareños, puesto que “el pueblo garífuna vive básicamente de la pesca, de la agricultura y la ganadería”. Debido a la gran cantidad de químicos que se utilizan en la producción de palma, el río ha sido contaminado y eso ha provocado que ya no puedan comer peces y que el ganado no pueda abrevar; los pobladores ni siquiera pueden bañarse en sus aguas. Debido a la expansión del cultivo, ya no tienen territorio para cultivar el coco que sembraban para extraer aceite. Es un “aceite natural que produce mucho más bienestar para la salud. En cambio, el aceite que estamos consumiendo de la palma de coco nos ha enfermado”, planteó Arzú, que alentó a no consumirlo. A todo esto, “el gobierno hace caso omiso, no quiere escuchar porque forma parte de esa gente que lo ha desviado; hay mucho dinero de por medio”, remarcó.

Esperanzados
Respecto al tratado que se está discutiendo, Zavala expresó que “es un instrumento vinculante que le pone obligaciones legales a las empresas” y consideró que para las comunidades “es una esperanza”. “Tenemos el caso de Berta Cáceres, de las contaminaciones frecuentes en los pueblos garífunas y las persecusiones de los pueblos garífunas. Si se creara el tribunal que se propone crear dentro del tratado vinculante, sería una alternativa para poder denunciar los grandes abusos de las grandes empresas”, explicó, señalando que actualmente “a las empresas trasnacionales no las podés demandar en ningún lugar”.

Los frenos al instrumento se hacen sentir. “Es claro que se quiere bloquear esta intención porque como lo dijo el representante de la Unión Europea [UE] y el de México, pone en peligro la inversión internacional en los países. Es más importante el capital que la vida humana”, lamentó Zavala. “Es evidente el papel de las trasnacionales en esta negociación”, dijo, indicando que la UE se opone a este tratado que es “una apuesta y propuesta de los pueblos”. “Vemos con cierta desconfianza el papel de la UE que se proclama defensora de derechos humanos de los pueblos, cuando el papel que está cumpliendo acá es el de bloquear la apuesta”.

Tanto Zavala como Arzú reprobaron la actitud del representante de la UE, que subrogó el derecho de hablar en nombre de las comunidades afectadas, y preguntó en medio de las negociaciones qué iban a decir comunidades si el tratado sólo hablaba de trasnacionales y no de las empresas de todo tipo. “Da vergüenza escuchar hablar a alguien así; están protegiendo a las trasnacionales, que son las que en verdad les están haciendo daño a los pueblos. ¿Por qué seguirlas protegiendo, por qué seguir manteniendo esa actitud tan mezquina con nosotros, los que somos de los pueblos?”, preguntó Arzú.

Zavala añadió que el principal daño en “el sur global” no lo están haciendo todas las empresas sino, concretamente, las trasnacionales. “A quien hay que ponerle un fin, a quien hay que ponerle un freno, para quien hay que buscar instrumentos vinculantes son para las grandes trasnacionales; el capital extranjero es uno de los capitales que hoy por hoy en Honduras está haciendo estragos en las comunidades, protegido por el gobierno de Honduras”, manifestó Zavala. En ese sentido, comentó que “lo que ayuda a mantener la impunidad no es solamente la estructura global, sino también las estructuras locales que favorecen que estas personas caminen impunes frente a las violaciones de los derechos colectivos de los pueblos: el derecho al agua, a la alimentación, el drecho a un ambiente libre de contaminación, el derecho a las semillas, que forman parte del derecho a su propia cultura. Creemos que su declaración es una declaración falsa, carente de ética, carente de reconocimiento y respaldo histórico de la lucha de los pueblos”, criticó.

A todo esto, el representante del gobierno hondureño ha estado ausente: “No participa de las discusiones, sin embargo, no tenemos ninguna duda de que al momento de votar por el tratado vinculante el gobierno de Honduras va a votar en contra”, afirmó Zavala. “Sabemos que estamos frente a un gobierno que está tomado por el poder corporativo y que obedece al poder corporativo, para favorecer la impunidad de los mismos de siempre”, lamentó. Pese a esa sospecha, el dirigente de Amigos de la Tierra confía en que se alcance este tratado y en que pueda poner un límite a tanta impunidad.