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2 de octubre | | | | | | |

Dos años de impunidad

El MAB hizo una movilización frente a la sede de Vale en Río de Janeiro por el crimen de Mariana

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El 5 de noviembre se cumplirán dos años del desborde de represas de la minera Samarco en el estado brasileño de Minas Gerais. El desastre ambiental afectó a un millón de personas y destruyó 800 kilómetros del río Doce; hasta hoy ni un responsable ha pagado por él. Por eso, cientos de personas que participan del 8° Encuentro Nacional del Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués) se movilizaron esta mañana en Río de Janeiro, frente a la sede de la empresa Vale.

Los marchantes llegaron a Leblon, barrio adinerado de Río de Janeiro, poco después de las siete de la mañana. Al frente llevaban las 19 cruces de madera que representan a cada uno de los muertos del crimen de la empresa Samarco, propiedad de las compañías Vale y BHP Billiton. Sonaba un cuerpo de samba, cánticos y por altoparlante se informaba que aquello era una movilización en reclamo de justicia. Las voces contaban, también, que en esa misma ciudad se está desarrollando, desde el domingo 1º al jueves 5 de octubre, el 8º Encuentro Nacional del MAB, en el que están participando más de 3.000 personas afectadas por represas.

Las oficina de la Vale en Río no tienen ningún cartel, salvo una bandera que, al no estar desplegada puede pasar desapercibida. Vidrios y maderas limitan la visión hacia el interior del recinto, del que no salió nadie. Sólo se veían los guardias de seguridad y, más tarde, a algunos empleados que esperaban en la vereda para ingresar al recinto.

Las cruces se agolparon frente al vidrio, mirando a quienes probablemente no los veían. Se reclamó justicia, se leyó uno por uno los nombres y las edades de las 19 personas muertas. “Ellos sabían que se iba a romper”, cantaban, evidenciando la perversidad del crimen y del accionar empresarial.

Que alguien nos oiga
Una de las marchantes era Simone Silva, afectada por el crimen de Samarco. Simone vive en Barra Longa. En diálogo con Radio Mundo Real, contó que fue afectada “de todas las formas”. “Mi vida cambió drásticamente porque cuando ocurrió el crimen mi bebé tenía ocho meses y luego de que se rompió la represa empezó a tener síntomas de alergia a causa del barro. Hace dos años que está haciendo un tratamiento carísimo y tiene problemas respiratorios, debido a la gran concentración de polvo en la ciudad. Hay varias personas a las que el barro les está comiendo la piel, tienen heridas en la piel y pueden tener problemas respiratorios”. El problema de salud se amplifica por las condiciones sociales. “En mi ciudad la mayoría de los niños tienen problemas de piel, no tenemos alergista, tenemos que caminar hasta una ciudad próxima para poder hacernos los exámenes, los medicamentos son carísimos y la Samarco y la Vale no están ni ahí”, repudió. El crimen cambió por completo la vida de la comunidad. “Todo esto ha afectado nuestra convivencia, nuestras relaciones sociales. Nos quedamos dos años sin campos, los ancianos presos dentro de sus casas, la mayoría de las casas tienen rajaduras, yo estoy viviendo en una casa con riesgo de derrumbe por el transporte de los camiones pesados”.

Simone criticó, además, que Samarco creó la fundación Renova que, tras la fachada de querer ayudar, es, básicamente, una agencia de comunicación que manipula la información para favorecer a la empresa. “La Renova no hace nada, la Samarco nada, mucho menos la Vale, por eso estamos aquí hoy para pedir justicia, para dar nuestro grito, que alguien nos oiga, tenemos el derecho de ser reconocidos como afectados. Si ellos causaron el crimen, están obligados a resolver el problema que tienen los afectados”, afirmó.

La economía se vio afectada, no sólo por la pérdida de medios de vida, como la agricultura y la pesca. “Lo que ganamos hoy, por ejemplo, no es suficiente para mantener mi casa y cuidar la salud de mi hija. Yo pagaba 99 reales de luz antes del barro, hoy pago 480; pagaba 29 reales de agua, ahora pago 65 reales porque mi hija tiene que tomar varios baños, los climatizadores están prendidos día y noche para que ella pueda respirar mejor, entonces son varios los crímenes. Los crímenes no terminaron el 5 de noviembre, el crimen sigue ocurriendo todos los días”, resumió Simone.

Guilherme Camponese es integrante de la coordinación nacional del MAB y vive en Gobernador Valadares, que con 300.000 habitantes, es el municipio más grande de los afectados. Guilherme sufrió las consecuencias de la ruptura del dique de Fundão. El agua ha sido uno de los grandes problemas. Cuando ocurrió la tragedia, quedaron 13 días sin agua y en diálogo con Radio Mundo Real recordó que en ese período las personas tuvieron que tomar agua mineral que fue distribuida por la Prefectura, y que para acceder a ella tuvieron que hacer “filas kilométricas con un calor de 36 grados”. El problema persiste. “La población vive una gran incertidumbre porque no confía que el agua sea de calidad. La empresa dice que el agua está bien, pero hay varios estudios independientes que dicen que está contaminada con metales pesados. Por eso, todo el mundo bebe agua de afuera de los municipios, hay que comprar agua mineral”.

Justicia injusta
Joceli Andrioli integrante de la coordinación nacional del MAB, relató a este medio en qué están las acciones en la Justicia. “El crimen es un abuso muy grande en Brasil porque hasta hoy está impune. Los culpables andan sueltos y los afectados hasta hoy no tienen ninguna solución concreta. La población vive una total violación a los derechos humanos, no se han reconstruido las viviendas, el río está muerto. Por lo tanto el movimiento exige justicia porque la gente quiere participar de la construcción de la respuesta a este crimen. Hoy la empresa tiene el control de todo, el criminal está diciendo qué hacer con las víctimas, esto es un absurdo”, planteó.

Explicó que las dos acciones judiciales, una penal y otra civil, están suspendidas. Señaló que eso demuestra que el poder económico de las empresas controla a la Justicia e indicó, también, el momento político que vive Brasil. “En este momento de golpe en nuestro país, las instituciones están fallidas, y por tanto Vale, BHP Billiton y Samarco, los asesinos, tienen el control de la situación”.

La empresa tiene una estrategia para desorganizar a la gente y ha intentado coptarla. “Hay una especie de chantaje”, dijo. Según Guilherme, Samarco ofrece una indemnización de 1.000 reales. Joceli acusó que Renova está pidiendo la firma de las personas para que renuncien a sus derechos; si firman, la empresa no se compromete por daños futuros. Esto es un absurdo, están en toda la base de la cuenca haciendo eso, de Regencia a Mariana, están manipulando a las personas afectadas, pero la gente se ha resistido, ha denunciado y se ha posicionado contra esas cosas”. Del millón de personas afectadas, hay más de 15.000 familias que precisan tener otro local para vivir y otra fuente económica para sobrevivir, pero “hasta ahora no se ha hecho ninguna propuesta concreta”, reprobó.

Imagen: Marcelo Aguilar/MAB

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