El encuentro fue convocado por la Asociación de Afectados por el Proyecto El Quimbo (Asoquimbo), Planeta Paz, Macroproyecto de la Universidad Surcolombiana de acompañamiento a comunidades afectadas por la destrucción del Río Magdalena, y se destacó la participación de delegados de los procesos de consultas populares, acuerdos municipales, organizaciones sociales y ambientales, y otras experiencias en defensa del territorio.

La convocatoria señaló que los procesos de resistencia contra el modelo neoliberal extractivista minero energético expresados en movilizaciones sociales, consultas populares y acuerdos municipales por la defensa de los territorios y el patrimonio ecológico, han develado una vez más el carácter corporativo del Estado colombiano que, al servicio de las transnacionales, pretende liquidar la participación de las comunidades y las competencias de los entes territoriales.

El Encuentro Extractivismo y Autonomía Territorial concluyó rechazando la pretensión del gobierno de liquidar las consultas populares que vienen prohibiendo las actividades extractivas minero energéticas. Dichas consultas buscan defender el patrimonio ecológico y apuestan a un nuevo modelo minero energético, soberano y autónomo, que responda a las necesidades de las comunidades, y esté asociado a la defensa del agua para consumo humano, a la seguridad alimentaria -sustentada en alternativas al capitalismo como agroecología, permacultura, zonas de reserva campesina y territorios agroecológicos- y a la preservación de las prácticas productivas colectivas de las comunidades indígenas originarias.

Voces
Sian Cowman, Aldo Orellana y Leny Olivera entrevistaron a siete integrantes de movimientos ciudadanos quienes contaron, de primera mano, las experiencias que transmitieron en el encuentro.

Piedad Pertuz Molina, integrante del movimiento ciudadano por la defensa del territorio del municipio de Pitalito, relató el trabajo que permitió llegar a un acuerdo municipal unánime para prohibir la construcción de represas, la explotación petrolera por medios convencionales y no convencionales y la minería a gran escala en el territorio. Destacó que objetivo de la iniciativa es prevenir afectaciones a la naturaleza y la expulsión los campesinos; según dijo, fue el primer acuerdo de este tipo que se aprobó en Colombia.

John Jairo Villa, del municipio de Pijao, en Quindío, es integrante del Comité Ecológico de Pijao y participó del Comité por el No, consulta popular mediante la que el 9 de julio la población respondió si quería que se desarrollaran proyectos de minería metalífera en su municipio. Relató que la población estaba movilizada por esta causa desde 2009 y que costó concretar la voluntad popular porque “al gobierno central no le interesa que los municipios tomen decisiones sobre los territorios”. Aun así, destacó que “el 9 de julio pudimos hacer la consulta popular en la que el 97,76% del municipio votó no a los proyectos de minería de metales. No queremos que nos impongan un modelo que no somos, somos un municipio agrícola, un municipio verde, parte de la red mundial de ciudades sin prisa [...] producimos comida, no producimos oro, las multinacionales querían llegar, llevarse todos los recursos”. El resultado de la consulta fue validado en agosto por el Consejo Municipal.

Olga Mireya Cruz, de Yopal, departamento de Casanare, integra la comunidad Líderes Ambientalistas por Casanare y el Comité promotor de la consulta por Yopal. Transmitió que el impulso lo tienen a partir del accionar de las industrias petroleras, con los impactos negativos que generan en el ambiente y en las comunidades. El colectivo trabaja ahora para mejorar el acceso al agua, puesto que la comunidad no cuenta con una planta de agua potable, sino que depende de los pozos subterráneos.

Donaldo Larrota, de la región Cundinamarca, integra Guacaná, colectivo ambiental de Arbeláez. En su territorio también el “no” en la consulta del 9 de julio, y relató que había tres proyectos de interés en explorar y explotar los recursos.

Adirio Perdomo, pescador artesanal, presidente de una Asociación de Calandreros del río Magdalena, sobre el que se instaló el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. “Somos capaceros, vivimos de la corriente del río”, explicó. "Acabaron con el río, prácticamente, tenemos que sobrevivir porque estamos en el medio de dos represas, quedamos prácticamente aislados. Reclamamos que se nos devuelva nuestro pescado nativo, estamos reclamando nuestros derechos porque prácticamente nos desplazaron del río Magdalena, se terminó todo el pescado”, dijo, estimando que calculan que por 15 o 20 años no tendrán más pescado.

Luzmery Anacona, de la Asociación de Pequeños Barriqueros Artesanales, y de Asoquimbo, detalló que trabaja buscando oro en el río y en la quebrada. Relató que concurrió al encuentro para transmitir la lucha que tienen desde hace diez años por la defensa territorio y del agua en el sur de Huila. “Vamos a seguir en la lucha hasta las últimas consecuencias, no con la violencia pero sí pero con las marchas pacíficas”, contó, afirmando que han tenido muchos logros hasta hoy. Igualmente, su preocupación es hacia el futuro: “no queremos que las multinacionales nos vengan a destruir lo que va a ser para las nuevas generaciones”, aclaró.

Adinael Contreras González, de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec), del municipio de San Martín, departamento de Cesar, aportó su experiencia de lucha contra las empresas ConocoPhillips y Canacol Energy, que han firmado con el gobierno colombiano acuerdos para la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracking. La lucha desde que se enteraron de los proyectos, en diciembre de 2015, ha sido intensa: incluyó un bloqueo de más de tres meses a las empresas para que no ingresaran maquinaria a los predios y varias marchas. “Nos han asesinado a líderes como Carlos Augusto Mejía, de 25 años, lamentó. “Hemos sido rehenes de la policía, de los grupos antimotines, nos han golpeado, sacado con gases lacrimógenos, en fin, San Martín ha sido un pueblo al que le ha tocado sufrir muchas consecuencias de estas multinacionales, porque en verdad quieren acabar con nosotros”. Aun así, el dirigente tiene claro el horizonte: San Martín no se vende, San Martín se defiende”, reafirmó, añadiendo que la lucha contra el fracking ya es de alcance nacional, por lo que el eslogan pasa a ser “Colombia no se vende, Colombia se defiende”.

* Nota y entrevistas elaboradas por Sian Cowman, Aldo Orellana y Leny Olivera.