Desde el 10 de julio al 17 de agosto los cientos de pequeños agricultores y agricultoras campesinas buscaron dejar claro la fragilidad de su situación, que pone en riesgo la continuidad de sus actividades; a las deudas que arrastran, se le sumaron los daños por las fuertes heladas de este invierno. El movimiento consiguió que el Congreso paraguayo aprobara la Ley 5868/2017 “Que declara en emergencia nacional la Agricultura Familiar Campesina en todo el territorio nacional”. Durante el campamento, el 2 de agosto, el Congreso había aprobado una ley para subsidiar deudas vencidas de pequeños productores de agricultura familiar campesinas cuyas fincas no excedieran las 30 hectáreas, pero la norma fue vetada dos días después por el presidente Horacio Cartes. Los campesinos presionaron, entonces, para que el Congreso levantara el veto presidencial, pero el jueves 7 de setiembre el Senado de la República trató el tema y no consiguió los votos necesarios para levantarlo.

En diálogo con Radio Mundo Real Marcial Gómez, secretario general adjunto de la Federación Nacional Campesina, explicó los problemas de fondo.

“La deuda de los pequeños y medianos productores es consecuencia de la falta de una política de apoyo a la producción nacional”, expresó, y añadió que las medidas paliativas, como entiende que es la condonación de deudas, no soluciona verdaderamente los problemas. “Necesitamos una política bien definida de parte del Estado para el desarrollo de la producción” y que se concrete la reforma agraria que transforme “la estructura y tenencia de la tierra y el modelo de producción, defendiendo a la agricultura de los pequeños y medianos productores, y sobre todo la producción nacional, como salida de fondo al problema del campesinado”, afirmó. Lamentó que el presidente Cartes haya vetado la condonación de deudas y que el Congreso haya aprobado el veto. “Con eso, definitivamente se va a generar un problema más grave para el campesinado porque ni estas cuestiones paliativas se están tomando como medida desde el Estado para dar, por lo menos, ese respiro que necesitaban los pequeños y medianos productores, que en este momento está siendo aumentada por el problema climático”. Al respecto, comentó que “vino una helada muy fuerte que eliminó prácticamente los rubros de consumo” que plantaban los pequeños productores, quienes ahora “tienen que empezar de cero otra vez”.

Charlamos con Gómez el miércoles 13 de setiembre. Ese día, el vocero lamentó que el Ministerio de Agricultura no hubiera implementado todavía la Ley de Emergencia, y cuestionó que Ministerio de Agricultura y Ganadería alegara que el Congreso debía aprobar su presupuesto. El monto que solicita el Ministerio es de 40 millones de dólares.

“A pesar de la existencia de la ley no hay presupuesto, no hay planificación concreta de apoyo a los pequeños productores y, peor aún, en este momento, cuando es la época de inicio de siembra, la mayoría de los compañeros no tienen las condiciones básicas para producir porque no tienen semillas, quedaron sin semillas por los problemas climáticos que afectaron a los productores, sobre todo a consecuencia de las heladas, además de los problemas que arrastran desde hace mucho tiempo”. Gómez denunció, además, la desigual forma en que los campesinos son tratados por el gobierno paraguayo: “lastimosamente, en nuestro país existen leyes a favor de los pequeños productores que no se cumplen, pero la otras leyes que protegen a los latifundistas, a los agroexportadores, al modelo de producción empresarial, a la llamada defensa de la propiedad privada, eso sí se cumple a rajatabla”.

En los últimos días, luego de la charla con Gómez, han habido algunos avances. El jueves 14 y hoy, lunes 18, la Coordinadora Nacional Intersectorial mantuvo reuniones con autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Según publica este lunes el sitio web de la emisora 780 AM, en la reunión de hoy la Coordinadora y el Ministerio acordaron conformar dos equipos técnicos para elaborar el listado de los beneficiarios de la ley de emergencia, que comprendería alrededor de 50.000 familias.

Violencia

La Federación Nacional Campesina se movilizó el lunes 11 frente a la sede del Ministerio del Interior de Paraguay para repudiar un ataque de civiles a un grupo de campesinos que reclamaba recuperar el asentamiento San Juan Puente Kyha, en Canindeyú, que está siendo ocupado por un grupo de sojeros brasileños. “Con el gobierno de Cartes se han profundizado los ataques y los atropellos a comunidades campesinas, asentamientos y sobre todo a compañeros que luchan por un pedazo de tierra, que están siendo atacados por diferentes formas: por un lado, a través de los desalojos violentos, las represiones, las persecuciones judiciales, detenciones arbitrarias de compañeros y compañeras y, por otro lado, cada vez más están actuando abiertamente grupos de civiles armados contratados por los latifundistas, por los grandes sojeros agroexportadores, en contra de los compañeros campesinos que luchan por un pedazo de tierra”, relató Gómez. Agregó que los civiles armados, a quienes denominan matones, actuaron, incluso, bajo protección policial. Dijo que había ocurrido algo similar con “los matones contratados por los latifundistas en Guahory” y que ahora se dio “en el asentamiento San Juan de Puente Kyhá, donde fue herido de gravedad el compañero Fernando Martínez, de 18 años”. Respecto a la parcela en disputa, comentó que “es un asentamiento que está prácticamente en la frontera con Brasil. Ahí la lucha por un pedazo de tierra data ya de prácticamente ocho años atrás”.

Gómez afirmó que los campesinos están siendo cada vez más atropellados. “Nosotros venimos denunciando permanentemente a la opinión pública, en las instituciones correspondientes y, finalmente, estamos colocando en el debate nacional la autodefensa como un mecanismo de protección de los compañeros que luchan por un pedazo de tierra, que luchan por defender su comunidad, su asentamiento, de estos ataques tan agresivos y tan violentos de parte de los civiles armados, de la propia fuerzas policiales y de los diferentes grupos que están protegiendo los intereses de estos latifundistas y de los agroexportadores”, concluyó.